El pasado domingo, 29 de septiembre, las esperadas pruebas de acceso a la Guardia Civil, destinadas a cubrir 2.700 plazas en la Escala de Cabos y Guardias, fueron suspendidas debido a un grave error en la gestión del material destinado al examen. Más de 26.000 aspirantes se vieron directamente afectados por la decisión que ha generado un gran malestar.
La noticia fue comunicada el mismo día por el propio cuerpo de la Guardia Civil. Según informaba el comunicado oficial, se detectó un error en el etiquetado de una de las cajas precintadas que contenían los exámenes de conocimientos. Esto obligó a la suspensión inmediata de las pruebas programadas para el domingo 29 de septiembre. Cabe destacar que el examen del día anterior, sábado 28 de septiembre, fue realizado con normalidad y sigue siendo válido para aquellos que se presentaron.
El Instituto Armado ha prometido comunicar una nueva fecha para las pruebas lo antes posible, pero esta inesperada suspensión ha dejado a miles de opositores en una situación de incertidumbre y ha generado un gran descontento entre los afectados, muchos de los cuales habían invertido tiempo y dinero en desplazarse a las sedes de examen distribuidas por toda España.
Diversas asociaciones de guardias civiles han mostrado su indignación ante lo que consideran un «despropósito» en la custodia y gestión de los exámenes. El portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, fue tajante al lamentar la situación, calificando el fallo como algo inaceptable. En declaraciones a la agencia EFE, Carmona aseguró que este error ha generado «mucha incertidumbre» entre los aspirantes, quienes, tras meses de preparación, se han visto ante un panorama incierto y frustrante.
Además, la AUGC ha vuelto a insistir en una de sus reivindicaciones históricas: la necesidad de que las pruebas se realicen en un único día para todos los aspirantes. Esto, según la asociación, garantizaría un proceso más transparente y equitativo, además de evitar que algunos candidatos tengan la sensación de que se enfrentan a exámenes más complicados en función del día que les toque. A pesar de las repetidas peticiones, la Dirección General de la Guardia Civil se ha mostrado reticente a implementar esta medida.
Agustín Leal, portavoz de la asociación mayoritaria de guardias civiles, Jucil, también criticó duramente la gestión del proceso, calificando lo ocurrido de «despropósito» y exigiendo a la Dirección General que dé explicaciones claras y detalladas sobre lo sucedido. Francisco Javier Benito, de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), explicó que el error se debió a que, por equivocación, una de las cajas que contenía los exámenes del domingo fue abierta el sábado. Este descuido, según Benito, podría haberse evitado si las pruebas se hubieran centralizado en un solo día.
El impacto de esta suspensión no se limita solo a la confusión y frustración de los aspirantes. Muchos de ellos se habían desplazado a ciudades lejanas a sus lugares de residencia para realizar el examen, reservando hoteles y gestionando traslados con un coste considerable. Con la suspensión de las pruebas, estos gastos adicionales suponen un fuerte perjuicio económico para quienes, a última hora, se enteraron de que no podrían realizar el examen.
Las asociaciones de guardias civiles han invitado a los afectados a presentar reclamaciones ante la Dirección General de la Guardia Civil, solicitando compensaciones o, al menos, una rápida solución al problema. La incertidumbre sobre la nueva fecha de examen añade una carga emocional considerable para aquellos que ya habían preparado todos los detalles para este importante paso en sus carreras profesionales.
No solo es un problema económico. Ahora, muchos de los alumnos que ya se han examinado pueden tener la preocupación de que la mitad de sus competidores van a tener más tiempo para preparar la prueba que ellos. Por el otro lado, encarar unas oposiciones como estas suponen mucho desgaste mental, ya que son muchos meses de preparación para un fecha determinada. Ahora, tienen que seguir preparándose con el inconveniente de que aún no conocen la fecha del examen, uniendo eso al estrés que ya llevaban en la mochila por la dureza de las oposiciones.
La primera etapa, conocida como fase de concurso, se centra en la evaluación de los méritos de los aspirantes, quienes deben cumplir con requisitos estrictos, como tener entre 18 y 40 años, contar con la nacionalidad española y carecer de antecedentes penales, entre otros. Solo aquellos que superan esta primera fase pueden presentarse a las pruebas de acceso, que están divididas en cuatro partes principales: un test de conocimientos teóricos, pruebas físicas, una entrevista personal y un reconocimiento médico.
El examen que debían realizar los aspirantes el pasado domingo consistía en una serie de pruebas sobre conocimientos generales, ortografía, idiomas, psicotécnicos y gramática. Aquellos que obtengan las mejores puntuaciones en esta fase serán convocados para las pruebas físicas, que incluyen un circuito de agilidad, una prueba de resistencia (una carrera de dos kilómetros), una prueba de fuerza (flexiones) y una prueba de natación. Superadas las pruebas físicas, los candidatos deben enfrentarse a una entrevista personal en la que se evalúa su idoneidad psicológica para el puesto. Finalmente, un exhaustivo reconocimiento médico determinará si los aspirantes están en condiciones físicas óptimas para desempeñar las funciones de un guardia civil.
Además, la cuestión de la custodia de los exámenes ha cobrado relevancia a raíz de este incidente. Los opositores y las asociaciones piden medidas más estrictas para garantizar que no vuelvan a ocurrir errores de este tipo, que afectan no solo a la confianza en el proceso, sino también a la imagen de la propia Guardia Civil.
Mientras tanto, miles de aspirantes se encuentran a la espera de que se les comunique una nueva fecha para la realización del examen suspendido. El Instituto Armado ha prometido que dará más detalles a la mayor brevedad posible, pero el daño ya está hecho: los aspirantes no solo han visto interrumpido su proceso, sino que muchos de ellos también han sufrido un perjuicio económico y emocional.
Con la mirada puesta en la próxima convocatoria, los afectados solo pueden esperar que este error no se repita y que la Dirección General de la Guardia Civil tome medidas para garantizar un proceso más eficiente, transparente y justo. Lo que está claro es que este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar ciertos aspectos de las oposiciones, para asegurar que los futuros guardias civiles no tengan que enfrentarse a este tipo de contratiempos en el futuro.
No ha sido la única polémica con oposiciones del fin de semana
El mismo fin de semana en que las pruebas para la Guardia Civil sufrieron un contratiempo, otro incidente afectó a los aspirantes a una plaza en RTVE. Las oposiciones para la categoría de informador, programadas para el pasado 29 de septiembre, fueron suspendidas por una posible filtración de las preguntas del examen. Esta decisión se tomó para asegurar la transparencia y equidad del proceso, tras ser reportada por el sindicato Unión Sindical Obrera (USO).
Cerca de 5.000 personas se desplazaron a Madrid para estas pruebas, enfrentándose a la frustración y el enfado tras el anuncio de la suspensión. A raíz de la controversia, RTVE ha decidido denunciar los hechos ante la Policía Nacional y ha prometido reprogramar el examen lo antes posible.
Esta situación se suma a los problemas que ya habían afectado a las oposiciones de RTVE meses atrás. En agosto, un fallo en la plataforma encargada de gestionar los exámenes permitió la descarga no autorizada de datos personales de los aspirantes, un incidente que fue denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Además, las oposiciones ya habían sufrido retrasos en 2023 tras una impugnación de los sindicatos por considerar que algunos de los requisitos establecidos no eran legales.
