Lo confieso, soy Detective Privado.

Y no es que no quiera que se sepa, es que ni hago alarde, ni lo oculto. El caso es que en todos los años que llevo ejerciendo la profesión, lo habitual es que al dar a conocer a alguien a qué me dedico, muestre su extrañeza, curiosidad o en ocasiones desconfianza.

La discreción propia de nuestro trabajo nos lleva a no querer llamar la atención, pero hoy quiero que se nos conozca, que se sepa quiénes somos y porqué esta profesión es necesaria en la sociedad actual.

Este oficio, como todos los demás, cada profesional lo ejerce a su manera.  Pero sin duda, hay que huir de la imagen estereotipada y recurrente del detective con gabardina que, escondido tras un periódico, trabaja en un despacho con su nombre escrito en el cristal de la puerta. Donde, a media luz, apenas se le puede ver envuelto en el humo del tabaco, y que investiga sórdidos crímenes o persigue maridos infieles. Porque nada tiene que ver con la realidad, ni el concepto que de nuestra profesión se da en cine y televisión, ni la aureola de misterio en que la sociedad nos envuelve. Somos profesionales discretos, preparados y cualificados, que se dedican a observar e indagar.

Tenemos nuestro propio código Deontológico, que establece los principios y normas de carácter ético por la que se rige nuestra actividad y que fijan los deberes que nos son exigibles. Pero a pesar esto y de los estrictos controles legales y policiales a los que estamos sujetos, en este gremio, como en todos, existe quien no cumple con honradez con su trabajo y si bien no es lo habitual, en contadas ocasiones a través de la prensa u en otro medio de comunicación, se tienen noticias en las que se relaciona a algún detective con algún asunto de escuchas ilegales, corruptelas políticas o compraventa de información, en las que algún «compañero» se ve envuelto y acaba siendo investigado en alguna operación policial como la conocida Operación Pitiusa. Este tipo de situaciones, en las que también han podido aparecer implicados funcionarios de justicia u otros negociados, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como otros profesionales, son absolutamente excepcionales, ya que esta profesión, al igual que las otras, está formada por profesionales íntegros y honestos.

La nueva Ley de Seguridad Privada que fue aprobada en el año 2014 (Ley 5/2014 de 4 de Abril) establece que para ser Detective Privado es necesario la obtención de un título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior.

Los detectives privados en España somos los mejor preparados de Europa. Para la obtención del título, se deben cursar los estudios impartidos en diferentes universidades y que constan de materias tales como Derecho Civil, Laboral, Penal, Procesal, Administrativo, Medicina Forense, Criminología, Psicología, Técnicas de Investigación, Teoría y Prácticas de la Investigación, Imagen, Sonido, etc, que nos otorgan las bases para un ejercicio diligente y eficaz de una profesión apasionante e imprescindible en la sociedad en la que vivimos.

Tras ello, se deben de cumplir unos estrictos requisitos para poder obtener la licencia profesional (TIP) que tramita  el Ministerio del Interior. Una vez en el ejercicio la profesión, estamos sometidos al control de la Dirección General de la Policía a través la Unidad Central de Seguridad Privada que lleva a cabo inspecciones anuales así como el control del Libro de Registro que todo despacho de detectives debe llevar.

La inmensa mayoría de Detectives Privados, somos profesionales independientes, íntegros, que estamos legalmente habilitados por el Ministerio del Interior para el ejercicio de una profesión, encaminada principalmente a la obtención de pruebas a través de la investigación, ya que somos los únicos que estamos capacitados para ofrecer información privada sobre una persona física o jurídica a un tercero, siempre que éste tenga interés legítimo debidamente acreditado. Es decir, alguien cuyos intereses se pueden ver afectados por la actuación del investigado, ya que entre ellos existe, ha existido o podría existir en el futuro una relación personal (padre-hijo, mujer-marido…) o profesional (gerente-empleado, empresa-competencia…) o de otro tipo que legitima nuestra actuación, claro está, tras la adecuada contratación de nuestros servicios.

Nuestro trabajo va más allá de las infidelidades, o bajas fingidas. Es una tarea muy útil y determinante en los procesos de custodias, pensiones alimenticias, compensatorias, así como en la búsqueda de personas, competencia desleal, arriendos, delitos societarios, absentismo laboral, herencias, control de hijos, adicciones, informes pre-laborales, comerciales, intrusismo, mobbing, control de comerciales, alzamiento de bienes, estafas al seguro, falsificaciones, vigilancias no uniformadas, etc. La lista de actividades que presta un detective privado es muy amplia y en ocasiones desconocida por aquellos que podrían contratar nuestros servicios, y esa es una labor que tanto los detectives como profesionales de otros gremios, como abogados o jueces, tendríamos que luchar por dar a conocer, de modo que sea más fácil para todos luchar por la defensa de los intereses de los clientes.

Un buen servicio puede suponer al cliente numerosos beneficios, de tipo personal, económico, profesional, etc. 

En muchas ocasiones, el trabajo realizado que se plasma en un Informe ha de ser ratificado en sede judicial. El Tribunal Supremo considera en su reiterada Jurisprudencia considera al detective como Testigo Privilegiado, y le otorga exclusividad como Prueba en el procedimiento, lo que manifiesta la importancia que se le da en los tribunales al trabajo del detective privado.

Todo ello hace que seamos unos profesionales que prestamos un servicio imprescindible en la sociedad actual, ya que estamos habilitados para cubrir una serie de necesidades para la legítima defensa de los intereses de particulares y empresas, de un modo que  ningún otro profesional privado está legitimado y que no son específicamente función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

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