El objetivo propuesto en este ámbito es: “Consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento integrador de todas las capacidades de España para gestionar la respuesta ante emergencias y catástrofes, y asegurar su integración bajo el Sistema de Seguridad Nacional”.
Como “Retos” se plantea contrarrestar las consecuencias del cambio climático, mediante un desarrollo sostenible y previniendo emergencias tales como incendios forestales, inundaciones y otros desastres naturales, empleándose para ello nuevas tecnologías.
Los siguientes riesgos experimentaron un incremento: “riesgo químico con un incremento de 7 sucesos (+37%), otros riesgos con un incremento de 22 sucesos (+146%), así como el riesgo sísmico que también se incrementó en un 6%”.
El cambio climático y la despoblación se articulan como factores proclives para los incendios forestales, generando gran incertidumbre, en especial en lo que se refiere a los grandes incendios (más de 500 ha). Como retos se plantean el mejorar la ordenación del territorio y del paisaje forestal, facilitando la coexistencia, tratando como reto de ser afrontados desde el ámbito nacional hasta el local, fomentando medidas de prevención y autoprotección, especialmente en la interfaz urbano-forestal.
Durante 2020, se registraron 38 episodios de fenómenos meteorológicos adversos de gran severidad.
Como aspecto a tratar, se deben mejorar los protocolos de comunicación entre los distintos sistemas de información hidrometeorológica con las autoridades de Protección Civil, con el objetivo de elaborar previsiones/alertas a corto y medio plazo, favoreciendo el sistema de alerta temprana, frente a la potencial población afectada.
“En relación a los riesgos tecnológicos, los niveles de seguridad se mantuvieron en los niveles habituales durante el año 2020, si bien se sucedieron tres incidentes de alto impacto mediático: la explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones en un tanque de óxido de etileno en Tarragona, el derrumbe de un vertedero en Vizcaya, y la explosión de un tanque en una refinería en Ciudad Real. Respecto de este último, se activó el protocolo de apoyo meteorológico a accidentes químicos, volcánicos y radiológicos.”
Las catástrofes o accidentes en el medio marino y costero suponen un reto evidente a mejorar que afecta a varios ministerios y que pretende afrontarse mediante varias herramientas, entre ellas a través del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera). La planificación de los dos simulacros anuales del Plan Ribera no han podido llevarse a cabo en 2020 por la situación de alerta sanitaria causada por la enfermedad COVID-19.
En cuanto al análisis de riesgos, se pretende mejorar la dotación del Fondo Nacional de Prevención de Riesgos, para poder financiar estudios de riesgos específicos y zonificados en nuestro territorio. Así mismo la valoración de daños una vez materializado el riesgo, es sin duda una herramienta precisa, para una implementación de la política pública integral destinada a su mitigación.
También es preciso a nivel nacional y europeo fomentar la solvencia técnica y la suficiencia financiera, frente los distintos instrumentos que ya se poseen para la gestión de los riesgos de la naturaleza a los que se encuentran expuestas las explotaciones agrarias, afectadas por el cambio climático.
El Ministerio del Interior ha garantizado el mantenimiento de los servicios esenciales en aquellos entornos rurales más alejados mediante el Sistema Nacional de Protección Civil y sobre todo colaborando de manera ingente con la Guardia Civil, debido a su enorme despliegue territorial y a los medios adecuados que posee para tal ayuda.
“A nivel de realización, la respuesta ante emergencias y catástrofes por parte de la DGPCE ha iniciado los trabajos para abordar la Directriz Básica de Fenómenos Meteorológicos Adversos, que se espera sea aprobada durante 2021.”
Durante la campaña de incendios forestales, hubo más de 7.745, de los cuales 19 fueron grandes incendios forestales (GIF). La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) también realizó en 2020 un continuo seguimiento de los incendios forestales, las consecuencias a efectos de protección civil y los medios estatales que participaron en su extinción, a partir de los datos facilitados por todas las comunidades autónomas y administraciones públicas implicadas. En 21 ocasiones tuvo que ser activada la UME a petición de la DGPCE. Destacan las intervenciones de lucha contra incendios forestales en agosto, en Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid.
“Las Fuerzas Armadas también han previsto un amplio dispositivo de efectivos para apoyar a las autoridades competentes durante las campañas contra incendios forestales (como el caso de la operación Centinela Gallego), y otros riesgos tales como inundaciones y tormentas invernales.”
“Se han promovido actuaciones de emergencia para paliar los daños provocados en el litoral. Se ha actuado en ocho provincias (Girona, Barcelona, Tarragona, Islas Baleares, Castellón, Valencia, Alicante, Huelva), por un importe total de 24,85 millones de euros. En cuanto a la actividad sísmica, el terremoto de mayor magnitud con epicentro en suelo nacional fue el 30 de septiembre de 2020 con magnitud 4,5, intensidad máxima V y epicentro al norte de Lizoáin-Arriasgoiti (Navarra), donde se registraron cientos de terremotos en menos de un mes.”
“El Centro Nacional de Alerta de Maremotos ha emitido durante el año siete mensajes de Información y uno de Aviso (existen mensajes de Información, Aviso y Alerta) de maremoto a la DGPCE como consecuencia de terremotos registrados en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico.”
Respecto a las fases de estabilización y recuperación, la DGPCE también gestiona las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior a los damnificados por catástrofes y emergencias de protección civil, abonándose un total de 12,7 millones de euros en subvenciones por daños personales y en viviendas. Relativo a este hecho el Consorcio de Compensación de Seguros tiene un papel especialmente relevante a través de una específica Reserva de Estabilización.
“En marzo de 2020 la Guardia Civil realizó, dentro del Plan Operacional firmado con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un Taller Internacional sobre la elaboración de un Marco Nacional para la Gestión de la Respuesta ante Sucesos relacionados con la Seguridad Física Nuclear con la participación de países hispano americanos: Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Perú, además de representantes de la Policía Nacional, de la UME (GIETMA) y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).”
“En el marco de la gestión de la crisis de la COVID-19, la declaración por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del estado de alarma, supuso la activación de todo el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) y su funcionamiento bajo el mando único del Ministerio del Interior. Esta es la primera vez que la activación ha supuesto la movilización de todo el Sistema, durante un largo periodo de tiempo, y en todo el territorio nacional”.
La activación plena del SNPC se hizo para apoyar al Sistema Nacional de Salud, aportando los tres elementos más característicos del mismo: organización, capacidad de movilización de recursos, y cultura transversal en la gestión de emergencias.
“El SNPC supuso que desde un primer momento hubiera una organización operativa homogénea en el conjunto del territorio nacional, coordinada en el nivel central por el Ministro del Interior a través de la constitución de un Comité Estatal de Coordinación, de carácter extraordinario, e integrado por los Consejeros de Protección Civil de las comunidades autónomas y los Delegados del Gobierno, así como la Federación de Municipios y Provincias, la Cruz Roja Española, y la Unidad Militar de Emergencias.”
“Por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Civil distribuyó en los principales nodos de transporte del país mascarillas de protección individual para incentivar el uso de este equipamiento, garantizando la utilización segura de los medios de transporte públicos hasta que pudieran ser provistas de manera ordinaria por el mercado.”
“Por otra parte, la DGPCE impulsó, con la colaboración de Cruz Roja Española, una campaña de sensibilización a la población en la necesidad de ayudar a las personas más vulnerables, especialmente a las de más edad, durante el confinamiento.”
“A finales del 2020 se aprobó el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. El PLEGEM es el principal instrumento de consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil, que permitirá atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multirriesgo, incluidas las de baja probabilidad de ocurrencia, pero de muy alto impacto, y a las que los planes ordinarios no dan una respuesta específica.”
Dicho plan pretende favorecer la integración del SNPC en el Sistema de Seguridad Nacional al que pertenece, de la siguiente forma:
- Establecer los mecanismos de gestión por el Ministerio del Interior de las emergencias de interés nacional.
- Organizar la movilización de recursos extraordinarios de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para la gestión de las emergencias de interés autonómico.
- Gestionar el Sistema Nacional de Protección Civil en modo de apoyo a otros Sistemas Nacionales.
Mediante las referidas publicaciones además de otras, el SNPC, la DGPCE, el Ministerio del Interior, y la Presidencia del Gobierno están fortaleciendo la cooperación y coordinación entre todas las administraciones públicas actuantes frente emergencias dentro del ámbito de Protección Civil.
También este epígrafe del Informe Anual, trata sobre el fomento de la colaboración público-privada y la incorporación de entidades de la sociedad civil a los diferentes órganos del SNPC, siendo esta una política central para la ampliación de la resiliencia y el impulso de la cultura de la prevención.
“Por otro lado, la DGPCE durante el 2020 continuó mostrando su compromiso con las actividades de I+D+i del sector, apoyando la candidatura de nueve proyectos de consorcios de los que forman parte universidades, fundaciones, empresas y otras entidades españolas, para convocatorias de financiación de la UE en el ámbito de la Protección Civil.”
“La DGPCE, punto nacional de contacto del Mecanismo Europeo de Protección Civil, ha gestionado durante 2020 la aportación de ayuda española a varias catástrofes internacionales: explosión en Beirut (agosto 2020), COVID-19 en Ecuador (septiembre 2020), inundaciones en Sudán (septiembre 2020), inundaciones en Níger (octubre 2020), inundaciones en Panamá (noviembre 2020) e inundaciones en Honduras y Guatemala (diciembre 2020).”
Respecto al Plan de Formación de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC), en 2020, se impartieron 71 actividades formativas en materia de protección civil y emergencias, lo que constituye 1.951 horas programadas, a las que podían optar más de 7.000 alumnos pertenecientes a distintos grupos profesionales del SNPC.
Conclusiones técnicas
Sin duda es necesario el establecimiento de un “resumen” o “memoria anual” sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a los objetivos y líneas de acción estratégicas, relativas a la Seguridad Nacional. Dicha denominación se ajustaría mejor que la etiqueta de “Informe Anual”.
Resultaría idóneo que, durante la exposición de los contenidos por áreas o ámbitos, apareciera una estructura formal homogénea en todos ellos, que permitiera la inapelable transversalidad de peligros y riesgos que no solo afectan a un único campo de la Seguridad Nacional; así como las posibles vías de interrelación entre cada uno de ellos. ¿Cómo han interactuado con el ordenamiento jurídico existente frente a riesgos tales como el que nos ha monopolizado casi la totalidad de medios y recursos (COVID-19)? ¿Ha funcionado de manera adecuada?
Tratándose de un asunto de calado tan importante, es comprensible que no se pueden desvelar las vulnerabilidades completas del Sistema; pero el Informe denota, a nuestro juicio, cierta falta de autocrítica y se omiten elementos de la realidad objetiva que hemos podido analizar, y que nos ha mantenido ocupados durante el pasado periodo.
Menciones específicas como la colaboración público-privada, dentro de este ámbito PAEC, son evidentes y recurrentes en el cuerpo del informe. ¿Pero de qué manera se han llevado a cabo? ¿Dónde se encuadran esas actuaciones que se han podido llevar por los diferentes niveles como el sector privado, sociedad española, administración local, etc., …?
¿Qué lecciones se han aprendido de este año y cuáles se hacen patentes para ir formalizando la campaña de cultura respecto a la Seguridad Nacional? ¿Se han tenido en cuenta a todos los actores catalogados? Esta última cuestión es totalmente plausible, tal y como se describe en la Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, donde se catalogan la totalidad de medios y recursos que interactúan en este ámbito.
La exposición somera en este informe de los hechos ocurridos de interés o magnitud suficiente para el contexto nacional no facilita sacar el máximo rendimiento a un documento de este tipo, que puede ser esclarecedor para las pautas de interrelación entre todos sus actores.
Como factores a destacar en esta conclusión nos gustaría enfatizar que entendemos necesario reforzar:
- En relación a los aspectos de carácter público, detallar los hitos alcanzados respecto a la Estrategia de Seguridad Nacional aplicada en el ámbito de Protección Civil, para este año 2020, permitiría constatar el correcto avance en la senda trazada a nivel estratégico-político; verificándose o no, la consecución de la política pública a implementar. De no ser así, se pueden llegar a establecer estrategias alternativas que solventen las disfuncionalidades o falta de alcance en objetivos concretos y tasados. Aspectos generales no ayudan a implementar el sistema por parte de todos los actores, ya que no se tiene claro como interactuar y qué se espera de ellos. En Sistemas tan jóvenes, al igual que en otros países, se hace necesaria una retroalimentación del proceso, en pro de un avance correctivo que conlleve una mejoría de las estrategias a implementar.
- Estructura formal interna en el informe, respecto a los objetivos o líneas estratégicas de la Seguridad Nacional, que permita una interactuación de los datos y transversalidad entre los riesgos asociados. Este hecho facilita un mejor estudio global y holístico, frente a la determinación de causalidades y medidas de prevención, actuación y mitigación.
- Juicio crítico con respecto a objetivos y líneas estratégicas a tratar, que atisban la unificación estratégica, operativa y táctica, en todos los niveles de los diferentes actores, para homogenizar los procedimientos de trabajo, así como describir el alcance de hasta dónde cada uno de ellos, que han intervenido en los diferentes teatros de operaciones, debe llegar.
- Relacionado con el punto anterior, se ha podido comprobar que en ocasiones la realidad de los hechos acaecidos, no casan con la información brindada; por ejemplo: deficiencias en la coordinación o tardanza en la gestión de determinadas zonas afectadas sobre todo por emergencias climatológicas o fenómenos meteorológicos adversos, o ante actuaciones en caso de la epidemia por COVID-19.
- Interrelación entre los diferentes actores y mecanismos para compartir la información obtenida frente a los determinados riesgos, medios humanos, materiales, recursos… Aunque el PLEGEM ya describe determinadas redes y estructuras para ello, el sistema es aún disfuncional respecto a este aspecto y no determina específicamente cómo poder recopilar toda esa información; y la de carácter público cómo se podrá consultar por los Técnicos y Directivos de Seguridad, para un mejor desarrollo de sus competencias.
- La falta de actividades formativas que describan el ingente ordenamiento jurídico que se está produciendo en relación a la Seguridad Nacional, está en algunas ocasiones produciendo inseguridad jurídica, tanto en la interpretación como en el conocimiento específico de la interactuación de todas las leyes, reglamentos, órdenes y normas publicadas.
Sin duda en la redacción del Informe han colaborado numerosos profesionales de excelente prestigio y reputación en sus diferentes campos, pero entendemos que se produce un cierto solapamiento entre el nivel estratégico-político y la funcionalidad correcta de algunas herramientas de implementación, y ello puede generar algunas distorsiones en la utilidad del documento.
David Rodríguez Carrasco.
Coordinador Autonómico de Protección Civil
Asociación Nacional de Directores de Seguridad Siglo XXI
GIETMA.- Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales), UME.
Bibliografía
Gobierno, P. d. (21 de Diciembre de 2017). Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado.
Ministerio de la Presidencia, R. c. (26 de Abril de 2019). Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Madrid, España: BOE.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. (2021). Informe Anual de Seguridad Nacional 2020. España: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Ministerio del Interior. (17 de Diciembre de 2020). Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Madrid, España: BOE.
