La legislación que regula la actividad de los detectives privados en España es la Ley de Seguridad Privada y su reglamentación asociada. Esta normativa establece los derechos y obligaciones de los detectives, así como el marco legal dentro del cual pueden operar. Es fundamental que los detectives privados operen siempre dentro del marco legal establecido para que estas investigaciones sean efectivas y legales: normativa de seguridad privada, de protección de datos personales, derechos laborales, entre otras. Hay que subrayar, en este sentido, que la ley establece límites claros a la invasión de la privacidad, prohibiendo expresamente la realización de investigaciones en domicilios privados o lugares reservados sin consentimiento.
Los detectives privados pueden ser una herramienta valiosa para destapar casos de fraude dentro de sus organizaciones, pudiendo asistir en la lucha contra diversas formas de fraude: identificación de bajas fingidas, investigación de prácticas desleales, espionaje industrial, etc.
El artículo 48.1.a de la Ley de Seguridad Privada señala que los detectives privados están autorizados para realizar investigaciones que les sean solicitadas en los ámbitos del derecho privado, siempre y cuando estas tengan por objeto la obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:
- aquellos que se produzcan en ámbitos económicos, laborales, mercantiles, financieros, y en general, en la vida personal, familiar o social, excluyendo los domicilios privados o lugares reservados.
- la obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos
- la realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
Los informes que elaboran pueden ser utilizados para sustentar reclamaciones, proporcionar evidencia de incumplimientos contractuales, demostrar fraudes o proteger derechos en diversas situaciones, como litigios de propiedad intelectual, conflictos familiares, disputas laborales, entre otros.
Para que estos informes sean admitidos y tengan valor probatorio en procedimientos judiciales, deben cumplir con ciertos estándares de calidad, legalidad y relevancia. Además, el detective debe estar debidamente acreditado y actuar siempre dentro de los límites de la ley, respetando, insistimos de nuevo en ello, los derechos fundamentales y la legislación sobre protección de datos.
La Ley de Seguridad Privada no solo regula la actividad de los detectives privados, sino que también establece el marco dentro del cual sus investigaciones pueden ser utilizadas en el ámbito judicial, garantizando así que se respeten tanto los derechos de los investigados como los de quienes solicitan sus servicios.
La ley especifica que las investigaciones deben ser encargadas por terceros legitimados. Esto significa que solo pueden solicitar los servicios de un detective privado aquellos que tienen un interés legítimo en el asunto investigado. Esto generalmente se refiere a personas o entidades que son parte de una relación jurídica o que están involucradas de alguna manera en el objeto litigioso. En el contexto de procedimientos judiciales, esto implica que quien contrata al detective debe tener la condición de parte procesal legítima.
La realización de investigaciones por parte de detectives privados en España, según lo establecido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (LSP), debe adherirse estrictamente a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Estos principios actúan como un marco ético y legal que garantiza el equilibrio entre el derecho a investigar y los derechos fundamentales de las personas investigadas.
- Razonabilidad: las acciones y métodos utilizados en la investigación deben ser razonables, es decir, deben tener un sentido lógico y justificable dentro del contexto de lo que se está investigando. No se deben emplear medidas extremas o injustificadas para obtener información.
- Necesidad: la investigación debe ser necesaria para el esclarecimiento de un hecho o la obtención de una prueba. Esto implica que no debe haber otro medio menos intrusivo disponible para obtener la misma información.
- Idoneidad: las técnicas y métodos de investigación empleados deben ser adecuados para alcanzar el objetivo perseguido. Esto significa que deben ser efectivos en la obtención de la información o pruebas necesarias, sin exceder los límites de lo que es apropiado para la situación.
- Proporcionalidad: este principio exige que las medidas adoptadas en la investigación sean proporcionales al fin que se busca alcanzar. La intrusión en los derechos de las personas debe ser mínima y justificada por la importancia de lo que se está investigando.
La adhesión a estos principios no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino también de ética profesional, asegurando que las investigaciones se realicen de manera justa y responsable.
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
En España, el artículo 265.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece directrices sobre la presentación de pruebas en el marco de un proceso judicial. De acuerdo con este precepto, cuando un detective privado ha recopilado en su informe hechos relevantes que puedan fundamentar la pretensión de una de las partes involucradas en un litigio, dicho informe deberá acompañarse a la demanda como parte de la documentación probatoria.
En el contexto judicial, el informe de un detective privado puede ser fundamental para el desarrollo del caso. Estos informes a menudo contienen información y evidencia cruciales que pueden influir en la decisión final del tribunal. Por ello, su correcta presentación y aceptación como prueba son esenciales.
Al presentar el informe del detective junto con la demanda, la parte que lo introduce está argumentando que los hechos recogidos son de relevancia suficiente como para sustentar sus reivindicaciones o defensas dentro del proceso. Este informe se convierte en una parte integral de las pruebas que el juez considerará al tomar una decisión. Si la parte contraria cuestiona los hechos expuestos en el informe del detective, puede impugnar la validez o la relevancia de estos hechos como parte de su estrategia legal. En tal caso, se puede practicar prueba testifical, según lo establecido por el artículo 265.1.5 de la LEC. Esto significa que el detective que realizó la investigación puede ser llamado a declarar en el juicio sobre los hechos recogidos en el informe.
La prueba testifical permite a las partes y al tribunal profundizar en los detalles de los hechos presentados, ofreciendo la oportunidad de clarificar, expandir o refutar la información contenida en el informe. Durante este proceso, los testigos, incluido el detective, pueden ser examinados y contrainterrogados por las partes, lo que permite un escrutinio detallado de la evidencia presentada.
Artículo 25.1.f de la Ley de Seguridad Privada
La Ley de Seguridad Privada, específicamente en su artículo 25.1.f, establece de manera explícita la obligación de los detectives privados de atender las citaciones de juzgados y tribunales para prestar testimonio y ratificar lo expuesto en sus informes. Este artículo viene a poner de manifiesto la importancia del papel del detective privado en el sistema judicial, reconociendo que el trabajo que realizan puede ser determinante en el esclarecimiento de los hechos durante un proceso legal.
Esta obligación de comparecer ante los juzgados y tribunales refuerza la necesidad de que las investigaciones realizadas se conduzcan de acuerdo con los principios de legalidad, incluyendo la razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Es importante, además, la calidad en la elaboración de los informes, ya que estos documentos y su defensa en sede judicial pueden tener un impacto significativo en el desarrollo y resultado de los procesos legales. Y ello por:
Responsabilidad profesional: los detectives privados deben comprender que su labor va más allá de la simple recolección de evidencias y elaboración de informes. Su participación puede extenderse a la esfera judicial, donde pueden ser requeridos para validar y explicar personalmente sus hallazgos ante un juez o tribunal.
Ratificación de informes: al ser convocados por un juzgado o tribunal, los detectives tienen la responsabilidad de ratificar el contenido de sus informes. Esto implica confirmar la veracidad y exactitud de la información presentada, así como posiblemente proporcionar detalles adicionales o aclaraciones necesarias para el entendimiento completo de los hechos por parte del órgano judicial.
Importancia de la evidencia: esta ratificación de informes en el contexto judicial subraya la relevancia del trabajo del detective como fuente de evidencia en procesos legales. El sistema legal demuestra así la confianza que deposita en los profesionales de la investigación privada, siempre y cuando su actuación se haya llevado a cabo dentro de los marcos éticos y legales establecidos.
Colaboración con la Justicia: este requisito también refleja el papel de los detectives privados como colaboradores del sistema de justicia, contribuyendo al esclarecimiento de casos y a la administración de justicia mediante la aportación de pruebas obtenidas de manera profesional y ética.
El informe del detective privado
El detective debe realizar una descripción objetiva y detallada de los hechos observados, sin incluir interpretaciones personales, suposiciones o valoraciones. Esto incluye la presentación de datos, horas, lugares, y descripciones específicas de las personas involucradas y sus acciones, evitando cualquier tipo de juicio personal. Además, el detective debe abstenerse de incluir conclusiones en sus informes. La interpretación de los hechos y la toma de decisiones sobre su relevancia o implicaciones legales recae exclusivamente en el juez o tribunal que lleva el caso.
La posición del detective en el marco de un procedimiento judicial viene determinada por su consideración de testigo, y no de perito. Esto se debe a que su testimonio se basa en la observación directa de hechos específicos, no yendo más allá de la recopilación de evidencias. Al actuar como testigo, el detective presentará ante el tribunal o el juzgador la información recogida durante su investigación. Su testimonio se centra en narrar lo que ha presenciado directamente, sin realizar análisis técnicos o emitir opiniones expertas. A diferencia de los peritos, cuya función es proporcionar al juzgado su opinión técnica o especializada sobre determinados aspectos del caso que requieren conocimientos específicos, los detectives no ofrecen este tipo de valoraciones en sus informes. Esta práctica asegura que el informe mantenga su objetividad y pueda ser utilizado eficazmente en un procedimiento judicial.
El cumplimiento de estos principios no solo garantiza la utilidad y la admisibilidad del informe como prueba en un procedimiento judicial, sino que también preserva la imparcialidad del proceso. Al proporcionar una base factual clara y objetiva, los jueces y tribunales pueden tomar decisiones informadas, respetando el principio de justicia.
Como conclusión podemos decir que la objetividad en el trabajo de los detectives privados es un factor crítico puesto que en ella se sustentan la imparcialidad y la fidelidad a los hechos en la elaboración y presentación del informe.
