VIOLENCIA DE GENERO.

Partamos de una base: la violencia de género es una lacra social que impide la consolidación de nuestro sistema de convivencia. Por ello, la lucha contra la misma debe ser perdurable e irrenunciable.

En este contexto, debo manifestarme como un firme defensor de la idea de que todos estamos obligados a contribuir, tanto a la superación de esa grave distorsión social, como a la consecución de los niveles de convivencia a los que aspiramos.

Al referirme a “todos” he querido englobar tanto a la persona, en tanto que individuo, como a las organizaciones. Es decir, tenemos la obligación de involucrarnos tanto individual como colectivamente, porque en ello radicará la satisfacción social de la realización de un trabajo bien hecho que merece la aplicación de los recursos que se hayan destinado y de los esfuerzos que se hayan dirigido a su erradicación.

Y en este contexto, nos surge la pregunta de si el Sector de la Seguridad Privada tiene cabida o participación en esa lucha.

La respuesta es clara y contundente: analizada la situación desde cualquier perspectiva (moral, ética, social, normativa, legal, etc.) siempre nos toparemos con la misma consideración, la Seguridad Privada debe contribuir con todos sus medios y sistemas en esa incesante labor de erradicación de cualquier lacra social, máxime si cabe, ante esta problemática que afecta tan de lleno, no solo al grado de convivencia, sino principalmente al respeto de los derechos humanos, de los que nos gusta presumir y vanagloriarnos.

Ahora bien, aclarado el tema de la presumible competencia de la Seguridad Privada en este problema social y manifestándome en ese sentido claramente a favor, nos surge una nueva duda: ¿está la Seguridad Privada en condiciones de contribuir profesionalmente y de forma responsable en esa lucha?

Nuevamente la respuesta debe ser rotundamente positiva; primero porque ostentamos una habilitación que nos faculta profesionalmente como “personal de seguridad privada”, y, segundo porque entre nuestras atribuciones se encuentra la de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades y medios, al mantenimiento e incluso a la obtención de un mayor grado de seguridad pública, lo que conllevará la elevación del grado de satisfacción social en la baremación de su nivel de confianza en la convivencia en sociedad.

Pero, si bien es cierto que contamos con un marco legal que nos implica en esta contienda, también es cierto que debemos atisbar tres grandes dificultades a las que nos enfrentamos:

1.- por un lado, a la necesidad de que los procesos formativos sean especificados e implantados de una forma mucho más contundente por la legislación al respecto. La cual debe contemplar una exigencia de especialización y un mayor grado de cualificación de esos estudios. De esta forma, aumentaremos nuestra profesionalidad y nuestra responsabilidad hacia nuestra función, provocando sin duda alguna, un mayor reconocimiento social;

2.- por otro lado, la Administración debe dar un paso adelante y en un alarde de confianza hacia nuestro Sector, elevar la consideración legal de los miembros de la Seguridad Privada. Con ello, contribuirá a nuestro trabajo y también determinará un mayor nivel de reconocimiento social hacia nuestra función, de la que ya hemos hablado.

3.- y, por último, es evidente que se deben buscar mayores cotas de unión entre lo público y lo privado. La Ley de Seguridad Privada establece mecanismos de colaboración y de cooperación pero éstos deben ser superados en sus aspectos teóricos y pasar a ser el eje que mueva y aúne los esfuerzos prácticos que se realicen en aras a la consecución de una rentabilidad en los medios y sistemas que aporten cada uno de esos sectores.

La violencia de género, vuelvo a insistir, es una lacra social que nos debe obligar a estar formados y preparados para detectarla, en nuestra vida social, particular y laboral, como medio para poder implantar y activar los mecanismos necesarios que nos permitan erradicarla.

Introducidos en esta argumentación, y para no extenderme innecesariamente en consideraciones generales que estimo son comúnmente aceptadas, tan solo me queda referirme a otro aspecto que considero fundamental ya que siempre que se habla de protección debemos hablar de prevención.

La prevención es la mejor arma para nuestro trabajo y adquiere una significación especial en la lucha contra esta grave problemática social que consiste en la vulneración palpable, ocasional o no, de los derechos de unas personas tan solo por su género.

Nosotros, como personal de seguridad y, por tanto, al asumir la función de protección, también debemos responsabilizarnos de nuestra obligación de dirigir nuestra actuación preventiva hacia este tipo de comportamientos que pueden estar englobados dentro de ese tipo delictivo. Y si a la posibilidad de prevención, le unimos la capacidad para asumir esa resolución, estaremos en el camino para conseguir ser valorados en nuestro trabajo y reconocidos en nuestra aportación a la seguridad y protección colectiva.

Para ello, precisamos aumentar nuestro nivel de formación, como ya he comentado, porque con ello y con la experiencia diaria de nuestro trabajo, elevaremos nuestra profesionalidad y nuestra responsabilidad, lo que nos permitirá abordar el problema de una forma coherente y efectiva, aplicando nuestra capacitación en la prevención, detección, denuncia y apoyo a las posibles víctimas.

En casos como estos, no podemos mirar hacia otro lado y considerar que el tema no se encuentra dentro de nuestras obligaciones laborales, sino que tenemos que ser conscientes de la necesidad, como miembros de la sociedad y también como personal específico de seguridad, de que estamos obligados a contribuir a la erradicación de este problema y que debemos prestar todo nuestro apoyo a las víctimas, las cuales nos tienen que ver implicados en la resolución del conflicto y con la suficiente creencia en nuestro sistema regulador de nuestra convivencia como para sentirse apoyadas y reforzadas en su calidad humana y personal.

Esta problemática, por tanto, no es ajena ni es incompatible con nuestra función como personal de seguridad privada. Todo lo contrario, es cercana porque está ahí dañando nuestro nivel de armonía social y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros exigir el cumplimiento de las normas sociales que regulan nuestra convivencia en paz y armonía, máxime dentro de la función de protección que hemos asumido libre y voluntariamente al volcar nuestra actividad laboral dentro del ámbito de la seguridad, sin que en este aspecto concreto sirva aplicar la distinción entre público y privado.

Todos debemos respetar y hacer respetar las normas porque solo con ese cumplimiento podremos compartir nuestra vida en sociedad de una forma segura y protegida. Pero dentro de esta argumentación, me veo obligado a comentar excepciones a esa generalidad, que abarcan precisamente a los miembros de esa sociedad en los que recae la labor de protección, tanto pública como privada y que están obligados de una forma mucho más contundente tanto a respetar como a hacer respetar las normas, y entre éstas, las que buscan eliminar de nuestra vida cotidiana un problema tan grave y que tan negativamente influye en la convivencia como es el de la violencia de género.

Por otra parte, creo que hay consenso general en que la inacción o la pasividad ante situaciones de este tipo, supondrá quedar en evidencia y permitir que se nos cuestione tanto en nuestra calidad humana como en nuestra capacitación profesional. Y esto es un lujo al que no podemos estar expuestos porque si aspiramos a mayor reconocimiento social, debemos ejercer nuestro trabajo con profesionalidad y con la suficiente responsabilidad como para ser capaces de transmitir confianza, serenidad y tranquilidad como medio para que se nos reconozca la eficiencia de nuestro trabajo.

Eleuterio GUTIERREZ PEREZ

Presidente de la Asociación Nacional

de Directores de Seguridad Siglo XXI