Durante unas jornadas celebradas el pasado mes de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura sobre la gestión de la seguridad de eventos públicos en el medio rural, un mando de la Guardia Civil comentaba off the record, que durante el periodo estival, época de celebración de numerosas fiestas patronales de nuestros pueblos y un aumento muy significativo de población en estos lugares, numerosos alcaldes y alcaldesas de estas localidades le llamaban para solicitarle una mayor presencia de efectivos policiales en sus municipios durante la celebración de eventos públicos. Desgraciadamente, la respuesta habitual de este responsable policial ha sido “no tenemos efectivos suficientes, contrate seguridad privada”.
No podemos olvidar, que numerosos pueblos de nuestro país celebran sus fiestas patronales durante los meses de julio y agosto, es más, muchos de estos eventos pueden coincidir en el mismo espacio temporal (día y hora), lo que obliga a un gran esfuerzo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad para atender a este elevada demanda, siendo habitual advertir en estos eventos como patrullas de la Guardia Civil recorren y se desplazan de un pueblo a otro en el mismo día para gestionar la seguridad de estas fiestas patronales, no pudiendo permanecer de manera estática y fija en un municipio. Además, muchos de estos efectivos se desplazan a estas localidades desde poblaciones más grandes para colaborar con la seguridad de estas fiestas, desconociendo en muchos casos la ubicación de sus espacios o calles, esenciales para una buena gestión de la seguridad de un evento que puede reunir en algunos casos a más de 5.000 personas.
Desgraciadamente, a los responsables policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad (competentes en esta materia), solo les queda gestionar de la mejor manera posible estos eventos, con un número de efectivos mermados por el merecido derecho al descanso de los agentes durante el periodo estival o la falta de efectivos de policía local que tienen estos municipios (ninguno o un efectivo policial, en muchos de los casos)[1]. Un problema que día a día aumenta con el cierre de cuarteles o la cargante burocracia que las administraciones locales deben sufrir para ofertar plazas de policía local, y que se pretende solucionar con algunas “ideas atroces”, como la atención de la ciudadanía mediante un acceso virtual[2]. Es una cuestión que estamos analizando desde el área de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, pues desconocemos si las administraciones han tenido en cuenta los efectos que tienen estos nuevos modelos policiales a las personas mayores de los pueblos, grupo de población mayoritario en estas áreas, y que sabemos de sus dificultades o vulnerabilidades para hacer uso de estas nuevas tecnologías.
Y es aquí donde la seguridad privada parece jugar un papel esencial en la seguridad de estos eventos y de nuestros pueblos. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos debería ser: ¿Deben asumir los ayuntamientos el gasto y la gestión que conlleva este servicio para la seguridad de estos eventos? Nuestra Constitución Española recoge en su artículo 104.1 que, bajo la dependencia del gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. A día de hoy, ¿Podemos decir que tienen la capacidad de hacerlo de forma efectiva en el medio rural de nuestro país?
Por nuestra parte, aunque el medio rural esté integrado por municipios de poca densidad poblacional, no se puede dejar de tener en consideración la seguridad ciudadana, pues se estaría cometiendo un error al contemplar que dichas zonas, por ser rurales, son seguras, y por tanto, que servicios privados puedan atender esa demanda de seguridad por la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el mundo rural, nos parece una opción real o una fórmula que mejoraría la escasez de recursos policiales de las administraciones en estos lugares. A modo de ejemplo, ayuntamientos como Premia de Dalt en Cataluña o el municipio extremeño de Moraleja (aprox. 7.000 hab.) que gasta entre 1.000 y 5.000 euros al año en seguridad privada para aumentar la seguridad en eventos públicos, ya han tomado esta decisión[3]. Además, la presencia de la seguridad privada en el medio rural ha aumentado considerablemente debido al auge de los campos solares, como apuntan las Unidades de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.
Desgraciadamente, otros municipios más pequeños que quisieran ofrecer este servicio a su vecindario deben asumir un gasto elevado que les comporta varios problemas. El primero de ellos, unas arcas municipales mermadas y, en segundo lugar, unos procedimientos administrativos lentos y tediosos para que estos gobiernos locales con escaso funcionariado puedan contratar estos servicios privados de los que terminan por prescindir[4].
En algunos casos, estos municipios intentan suplir la falta de efectivos de cuerpos y seguridad, así como la insuficiencia de recursos para contratar servicios privados, mediante el auxilio de los cuerpos de protección civil. Este personal cumple, altruistamente, una función muy importante de prevención y también de intervención cuando tienen lugar determinados hechos que pueden atentar contra la seguridad colectiva o individual.
En todo caso, no queremos finalizar este artículo sin ofrecer algunas ideas o propuestas para mejorar la seguridad a través de la incorporación de servicios de seguridad en el medio rural. Por ejemplo, a través de las diputaciones provinciales o mancomunidades, unas instituciones que pueden ofrecer ayudas o subvenciones para la contratación de servicios de seguridad a municipios sin servicios policiales o con falta de servicios (por ejemplo, en el caso extremeño hablamos de la mitad de los municipios aproximadamente). Unas ayudas que podrían servir para contratar un servicio de seguridad privada para eventos de interés turístico o la compra de material de seguridad como cámaras de seguridad u otros medios. Otra propuesta para mejorar la seguridad de las áreas rurales, y en la línea de algunos ayuntamientos de nuestro país como Gijón o Cornellá de Llobregat, sería recuperar la figura histórica del sereno a través de una oferta de empleo público. Una propuesta que también permitiría fijar población y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los pueblos. En último lugar, cabe la posibilidad, previa regulación de la profesión, que personas graduadas en criminología pudieran colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el medio rural. Esta posibilidad podría desahogar la carga de trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad y conformar métodos de trabajo que podrían transformarse en una mayor sensación de seguridad en estas comunidades. La contratación de criminólogos y criminólogas podría ser contratados por empresas de seguridad, dada la falta de recursos de estos gobiernos locales.
Dr. D. Jordi Ortiz García
Área de Derecho Penal. Universidad de Extremadura
D. Ricardo Rodrigues Antunes
Graduado en Criminología y Derecho
Universidad de Extremadura
[1] En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, más de un 50 por ciento de los municipios con efectivos de la policía local sólo tienen 1 o 2 efectivos. Sobre esta cuestión, véase: Ortiz, J. y Rodrigues, R. (2023). Estudio criminológico sobre la inseguridad en las áreas rurales a partir del uso de herramientas TIC. Revista Ius et Scientia. Universidad de Sevilla. Disponible en: https://revistascientificas.us.es/index.php/ies/article/view/24595 [Última consulta 27 de marzo de 2024]; Ortiz, J. y Rufo, M.A. (2023). Seguridad y prevención del delito en las comunidades rurales de Extremadura: un estudio de caso desde la criminología. Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos. Universidad de Cádiz. Disponible en: https://revistas.uca.es/index.php/rejucrim/article/view/9522 [Última consulta 27 de marzo de 2024].
[2] A modo de ejemplo, ver: https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2023/09/01/guardias-civiles-virtuales-para-la-espana-vaciada-1675247.html [Última consulta 29 de marzo de 2024].
[3] Congostrina, A.L. (2023). La privatización de la seguridad vestida de sereno. El país. Disponible en: https://elpais.com/ccaa/2019/01/28/catalunya/1548707574_402129.html# [Última consulta 29 de marzo de 2024]. Sobre la localidad de Moraleja, véase: https://www.moraleja.es [Última consulta 30 de marzo de 2024].
[4] Sobre la contratación de los servicios de seguridad, véase: Rodríguez, M.C. (2021). Los contratos de servicios de seguridad en la doctrina de los tribunales administrativos de contratación. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Disponible en: https://revistas.udc.es/index.php/afd/article/view/afdudc.2021.25.0.8805 [Última consulta 30 de marzo de 2024].
