La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 señalaba acerca de epidemias y pandemias lo siguiente:
“España, un país que recibe más de 75 millones de turistas al año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de mayor tráfico del mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, con una población envejecida y una situación geopolítica polarizada, no está exenta de amenazas y desafíos asociadas a enfermedades infecciosas tanto naturales como intencionadas.
Reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos infecciosos cuando es factible (por ejemplo, mediante la vacunación), la probabilidad de introducción de riesgos infecciosos (por ejemplo, mediante el control e inspección de mercancías en frontera), así como la probabilidad de transmisión interna de enfermedades (por ejemplo, mediante buenos programas de prevención y promoción de la salud o buenos sistemas de saneamiento) es fundamental para minimizar los riesgos y su posible impacto sobre la población.
Sin embargo, dichos riesgos no se pueden eliminar por completo. Es necesario, además de reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional”.
En virtud de lo anterior, en el ámbito de la Seguridad frente a epidemias y pandemias el objetivo trazado era: “Adoptar planes de preparación y respuesta ante riesgos sanitarios, tanto genéricos como específicos, bajo el principio de coordinación entre la Administración General de Estado y las Administraciones Autonómicas y con organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial para la Sanidad Animal o, en el seno de la UE, el Centro Europeo de Control de Enfermedades”.
En 2020, en España, se han notificado 1.928.265 casos de Covid-19, de los que 50.837 personas con diagnóstico confirmado de Covid-19 fallecieron. A pesar de lo expresado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, lo cierto y verdad es que la pandemia ha demostrado las profundas carencias de nuestro sistema de respuesta. Entre otras razones el Informe habla del hecho de que la Sanidad esté transferida a las Comunidades Autónomas y del infradimensionamiento de los sistemas de vigilancia e información y la lentitud para obtener una información validada para la toma de decisiones. Consecuencias: información parcial e incremento de la incertidumbre. Se señala también la necesidad de un dimensionamiento adecuado de los recursos humanos en la Salud Pública.
España ha mostrado también debilidad en cuanto a su alto grado de dependencia de terceros países para el suministro de materiales de primera necesidad (mascarillas o equipos de respiración asistida). El Informe manifiesta textualmente que “el Gobierno de España tuvo que dar una respuesta coordinada ante la ausencia de planificación y de una reserva estratégica”.
Se nos informa de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias atendió en 2020 hasta 29 alertas sanitarias (distintas del Covid-19, y con distinto nivel de riesgo), entre ellas el brote de meningoencefalitis por el virus del Nilo occidental en Andalucía o el riesgo elevado de introducción de la gripe aviar a partir de focos identificados en el centro y norte de Europa y el consiguiente riesgo de transmisión a los humanos. 29 alertas que son aproximadamente la mitad de las recibidas en años anteriores.
Se menciona la atención especial que requiere el control de la diseminación de las resistencias a los antimicrobianos, que incrementa su impacto en situaciones de alta presión asistencial y en UCI.
Se establece, asimismo, la necesidad de refuerzo y potenciación de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica para una rápida respuesta a este tipo de emergencias.
Entre las realizaciones 2020 se destacan dos hechos: las declaraciones de Estados de Alarma y la “intensa aprobación normativa”. Y en línea similar continúa el apartado “Capacidades y mecanismos de actuación y gestión de la crisis”: establecimiento del Gobierno como autoridad competente durante el primer estado de alarma, siendo el Ministerio de Sanidad la autoridad delegada, activación del Comité de Situación, establecimiento de la Célula de Coordinación y diversas medidas que aspiraban a paliar los efectos sociales y económicos de la crisis pandémica.
Se decretó el 9 de junio la nueva normalidad, que trajo nuevas medidas para intentar frenar nuevas oleadas de transmisión vírica. A partir de entonces, y bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas toman las riendas de la gestión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituye en el mecanismo fundamental de coordinación. El 13 de julio nace el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por la Covid-19 que, recordemos, tiene como objetivos específicos:
- Diseñar las bases de la preparación y la respuesta en el escenario actual y ante posibles escenarios futuros para el control de la enfermedad.
- Establecer un marco de evaluación del riesgo asociado a la información disponible.
- Recomendar intervenciones en salud pública proporcionales al nivel de riesgo por COVID-19.
La implantación de éste y a otros documentos (“Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”, “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19”, …) no fueron suficientes para acabar con la crisis sanitaria y no sólo vino una segunda oleada de Covid-19, con un número casi 3 veces superior de casos notificados a la primera, sino que también vimos una segunda declaración de estado de alarma, el 25 de octubre. El principal cambio que trajo este segundo estado de alarma fue que la autoridad delegada ya no estaba en el Ministerio de Sanidad sino en la Presidencia de cada Comunidad Autónoma, siendo así que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se convierte no sólo en un mecanismo de coordinación sino en un órgano de cogobernanza.
En otro orden de cosas, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha la Operación Balmis (Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Unidad Militar de Emergencias) con la que la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa puso a disposición de la sociedad las capacidades, medios y personal de la red sanitaria militar: desinfección de instalaciones críticas, de residencias de ancianos, centros de atención a personas con discapacidades y apoyo logístico donde fuera requerido.
Con los equipos de salud pública de las Comunidades Autónomas que lo solicitaron se llevó también a cabo la Operación Misión Baluarte en la que las Fuerzas Armadas realizaron trabajos de rastreo de posibles contagiados.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a Policías Autonómicas y Policías Locales trabajaron coordinadamente para garantizas la seguridad: establecimiento de dispositivos de seguridad en vías y espacios públicos y redes de transporte, vigilancia para el cumplimiento de las directrices y protocolos de actuación dictados por las autoridades, apoyo en residencias de mayores, etc. Durante el período de confinamiento se realizaron 152.399 actuaciones relacionadas la violencia de género. Asimismo se señala en el Informe que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Las FCS “han colaborado con los servicios de sanidad ambiental de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad en la vigilancia microbiológica en aguas residuales”; como también en el combate contra el tráfico, venta y distribución ilegal de medicamentos, en el marco de Interpol.
Según se deduce del texto del Informe no ha habido actividad, o al menos, actividad que merezca la pena reseñar por parte de todo el sector de la seguridad privada en la pandemia.
Se hacen también consideraciones sobre el estudio nacional de seroprevalencia, sobre el incremento en la capacidad de detección, sobre el decaimiento de la segunda ola y el navideño nacimiento de la tercera. El año 2020 se cerró con 50.837 personas fallecidas con diagnóstico confirmado de Covid-19. Nos aclara el Informe que “como en todas las epidemias el impacto de la COVID-19 ha podido generar indirectamente un incremento de los fallecidos que se refleja en un exceso mayor de mortalidad que comunica habitualmente el Gobierno de España a través de los diferentes sistemas de monitorización de los decesos tanto del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III como del Instituto Nacional de Estadística”. De hecho, el Sistema de Motorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III dio la cifra de 70703 fallecidos para 2020. Las cifras del INE son aún peores.
El capítulo dedicado a Epidemias y Pandemias se cierra con la anotación acerca de la evolución asimétrica de la pandemia en las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Ricardo Vidal
Director de Seguridad Dpto. nº 967
Coordinador Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas
de la Asociación Nacional de Directores de Seguridad Siglo XXI