Estamos metidos de lleno en una fase de incertidumbre que se corresponde con la presunta desescalada que desde el estamento político se nos quiere hacer creer que podemos afrontar en las próximas semanas.
Si eso fuera así, atrás habrían quedado un gran número de fallecidos, reflejo de una situación catastrófica a las que nos condujo una falta de planificación institucional que todavía, eso creo yo y muchos otros analistas, no se ha evidenciado en su mayor esplendor.
Nos quedan momentos muy difíciles y arriesgados en los que el poder institucional no sabe muy bien, al menos eso es lo que llega a percibir cualquier ciudadano, cómo vamos a poder enfrentarnos a ellos sin que la improvisación merme nuestra fortaleza social.
No se trata de crítica política sino de la expresión sincera de un sentimiento que sentimos muchos ciudadanos que hemos presenciado perplejos cómo se dictaban unas normas con la previa argumentación de que eran necesarias y posteriormente, en tan solo unos minutos, se producían rectificaciones o adecuaciones para dotarlas de una mejor acogida popular.
Y esta situación también ha influido en los servicios de seguridad privada, aunque se puede afirmar al 100% que la profesionalidad de los miembros del personal de seguridad privada ha estado, y seguirá estándolo, en unos altos niveles de eficacia y eficiencia durante esta crisis.
Y ahora nos toca, como no podía ser de otra forma, continuar colaborando con la seguridad pública y, por tanto, con el bienestar social en esta fase que han querido denominar de desescalada en donde los recursos públicos no van a ser suficientes para poder abarcar todas las funciones que se hace preciso desarrollar para controlar, vigilar y supervisar el cumplimiento efectivo de esas medidas. Es por ello que la Seguridad Privada va a tomar un papel muy relevante en esta fase y va a contribuir a que los servicios públicos funcionen con corrección ante las limitaciones que se le imponen, que los servicios sanitarios sigan multiplicando su valor y su eficacia, que los comportamientos y hábitos sociales transcurran dentro del marco normativo implantado excepcionalmente, que nuestras fábricas y comercios inicien su actividad de una forma coherente con las limitaciones d aforo y actividad, que nuestras redes de comunicación continúen prestando ese servicio público tan imprescindible en estados de alarma, que la actividad deportiva se circunscriba a las normas establecidas para su desarrollo durante las próximas semanas, etc.
Decía en el párrafo anterior la expresión “continuar colaborando” y creo que me he quedado corto. La Seguridad Privada ha demostrado en esta crisis, sin necesidad de reconocimientos que, merecidamente, han ido a parar a otros sistemas que han mantenido su actividad, que está a la altura de las expectativas que se habían depositado en ellas y que, aunque esas funciones fueron atribuidas casi por un condicionante de necesidad ante la imposibilidad de que las instituciones públicas pudieran hacerse cargo en exclusiva de todas las actividades que se requerían para la declaración y el mantenimiento del estado de alarma, se ha sobrepasado el umbral de la simple eficiencia para colocar a la contribución de la seguridad pública en un estadio muy superior al que se había pensado que podía asignársele.
Hemos estado para las verdes, como dice el refrán, y ahora debemos exigir estar para las maduras. Me explico. Con nuestra ejemplar actuación frente al COVID19, hemos demostrado que nuestra colaboración y cooperación ha sido y es fundamental para la regulación de cualquier situación, excepcional o normal, que impulse la convivencia social.
Ahora, me refiero en cuanto traspasemos la tercera fase de la desescalada y podamos recuperar aunque sea mínimamente, la actividad social, deberemos tener el apoyo de nuestras Instituciones y de nuestro Gobierno para que de una vez por todas se termine de regular de forma coherente y adaptada a las necesidades sociales, nuestro Sector. Que se publique de una vez por todas el nuevo Reglamento de regulación de la Seguridad Privada para que podamos dar por superado lo actualmente vigente que data del año 94 y que ha quedado obviamente obsoleto y desfasado.
Resulta increíble que ni el anterior Gobierno ni el actual, se hayan percatado de la precariedad de nuestro Sector en lo referente a una regulación normativa que es imprescindible y que debe argumentarse para consolidar lo recorrido y para asegurar los objetivos futuros que tenemos marcados, como actividad muy necesaria que contribuye decisivamente a la convivencia social en todos los niveles. Y ello, porque somos un Sector esencial que abarca el aspecto profesional, con evidentes connotaciones sociales y con una gran influencia tanto en la regulación laboral (suponemos más de 100.000 trabajadores) como en la económica (proporcionamos una facturación y movimiento de capital muy por encima de otros sectores) de cualquier País que aspire a constituirse en referente de los niveles de bienestar óptimos para la convivencia social en paz y armonía.
No tenemos reglamento y éste es muy necesario para terminar de perfilar los avances que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada introducía en nuestro ámbito de actuación, tales como la formación (verdadero pilar de un reconocimiento real de nuestro trabajo), la realización de servicios, las exigencias de protección y la lucha contra el intrusismo entre numerosos aspectos innovadores.
Y si importante es ese comentario, también es de destacar la preocupación por el hecho de que, en las próximas y meses, debemos experimentar un alto crecimiento de servicios contratados como consecuencia de la necesidad de efectivos especializados o formados en labores de restricción de movimientos o de limitación de accesos, tanto a instituciones como a empresas, zonas públicas, espectáculos, eventos deportivos, actuaciones músicales, etc, con motivo de la regulación de las últimas fases del estado de alarma y el retorno ordenado a la normalidad que ansiamos.
En este contexto, se hace imprescindible que el Estado asuma de una forma mucho más contundente, la lucha contra el intrusismo profesional que tanto afecta a nuestro Sector e incentive el control y la supervisión en lo referente al cumplimiento legal de los requisitos que marca nuestra legislación para poder desarrollar la labor de protección.
Unidas ambas aspiraciones, el Sector tiene muchas más pero permitirme que en este escrito solo refleje esas, obtenemos un resultado crítico de la situación porque las necesidades económicas de muchos empresarios y directivos pueden ser un caldo de cultivo para que las aproveche el intruso, perjudicando nuestro esfuerzo, complicando enormemente la viabilidad de nuestro Sector y dificultando gravemente la continuidad de muchos puestos de trabajo con la repercusión social que estas medidas pueden provocar en el grado de bienestar social.
Es el momento de que, las personas que tienen las competencias asumidas, dejen de alegar otras prioridades y expongan estas premisas a los máximos Órganos de Gestión, de forma que se consensuen lo máximo posible, aunque con urgencia, las nuevas y necesarias disposiciones y actuaciones que demuestren que se han puesto, por fin¡, a trabajar en solventar los requerimientos de protección de nuestra Sociedad, conexionando las labores que se han limitado a cumplir hasta el momento (simples actuaciones de mantenimiento de las medidas que ya tenemos implantadas) con la aspiración lógica y coherente, de aspirar a innovaciones, cambios y transformaciones operativas y legales que favorezcan nuestra aportación a la seguridad pública y, de esta forma, a la convivencia social.
Eleuterio GUTIERREZ PEREZ
Presidente de la Asociación Nacional de Directores de Seguridad Siglo XXI
