Hablando de Seguridad Privada

No tenemos que olvidar, cuando pretendemos referirnos objetivamente a la problemática existente en el Sector de la Seguridad Privada, que debemos considerar sin ningún miedo o temor a equivocarnos, que los principales afectados resultan ser sus propios miembros. Paradoja quizás, pero realidad total. Hablamos y hablamos. Llegamos a fundamentar nuestros argumentos echando, con bastante frecuencia, balones fuera y obviando, no sé si inconscientemente, que el daño lo sufrimos nosotros mismos como integrantes de un Sector que necesita un mayor apoyo legislativo así como un mucho mayor reconocimiento social a las funciones que desarrollamos.

Quizás la posibilidad de que se consensue un código ético para nuestro Sector, que vaya más allá de lo que la Ley de Seguridad Privada especifica y que profundice realmente en lo que la sociedad exige al Sector para complementar su protección, pueda resultar beneficioso, pero lo cierto es que nos enfrentamos a una situación popular de desconocimiento de nuestra problemática que las Administraciones no quieren combatir, o cuando menos, no están suficientemente sensibilizadas en la imperiosa necesidad de ampliar la regulación legal, erradicar el intrusismo y favorecer el desarrollo de un Sector que, se ha constituido en un motor económico y laboral de los más importantes de nuestra sociedad actual.

Por favor, pido desde esta tribuna, que no nos volvamos a perder nuevamente en disquisiciones banales que nos permitan una gloria efímera que se base únicamente en la valoración subjetiva de nuestros excelsos conocimientos sobre la materia, y que nos centremos de una vez por todas en aportar para crecer, en proponer para construir, en cumplir para mantener, en convencer para sensibilizar, todo ello enfocado directamente a la operatividad y funcionabilidad de nuestro Sector.

Hablamos de problemática como si ésta fuera abstracta, y nos olvidamos de reconocer que los perjudicados somos, principal y fundamentalmente, los propios trabajadores del Sector que vemos dañados nuestros derechos sindicales, laborales y económicos, al tiempo que nadie se acuerda de que nosotros también tenemos derecho a la conciliación familiar como cualquier otro ciudadano de este País, y que precisamos de una estabilidad laboral que venga a sumar en lugar de a restar.

El intrusismo, muchas veces fomentado inconscientemente por las propias administraciones contratantes, causa un enorme daño al trabajador y a las empresas de seguridad. Al primero porque ve cercenados sus aspiraciones de estabilidad y a la segunda porque se produce una perdida de imagen que afecta a todo el Sector. Pero también a las empresas y administraciones contratantes porque no reciben el servicio que demandan (al menos con la responsabilidad y profesionalidad exigibles).

Entonces…, si somos conscientes de que el intrusismo afecta a todos, ¿por qué demonios no se articulan respuestas adecuadas que conlleven a una solución a corto o medio plazo?, ¿por qué las propias administraciones licitan contratos en donde no se exige un mínimo control sobre las empresas que pujan?, ¿por qué no se incluye como requisito un certificado mínimo de solvencia?, ¿por qué no se exige la adhesión al Convenio laboral del Sector?, ¿por qué no se revisa la viabilidad económica de una oferta de mínimos que cualquier técnico podría calificar cuanto menos de sospechosa?, ¿por qué se mira con tanto recelo la necesaria inclusión de medidas sobre responsabilidad social corporativa?.

Mi pregunta es sencilla, ¿hasta cuando seguiremos concentrados en analizar el gasto en vez de valorar la rentabilidad?. Aunque no es fácil calibrar, de forma objetiva, el nivel de rentabilidad, lo cierto es que hoy en día es posible llegar al convencimiento de esa efectividad económica al interrelacionar aspectos tan variopintos como la sensación de seguridad que se inspira, los resultados obtenidos en cuando a la protección o la ausencia de vulnerabilidades que se hayan podido detectar.

La prevención significa, en seguridad, ser conscientes de que debemos ir por delante del riesgo en la medida de lo posible. Y prevención significa detección al mismo tiempo que protección. Para aplicar todos estos conceptos, necesitamos de personal cualificado que asuma una importante responsabilidad que debe conllevar en todo momento unas grandes dosis de profesionalidad, aspectos éstos reñidos de forma rotunda y contundente con el intrusismo ya que éste provoca precariedad laboral, vulneración de derechos sociales e importantes daños a la imagen que pretende (que necesita) el Sector de la Seguridad Privada.

Es fundamental que se apliquen los conceptos que habitualmente centramos dentro de las exigencias que incluimos en nuestros códigos de buenas prácticas, en la contratación de servicios de seguridad, al menos y ya que el sector privado puede presentar una influencia mayor en el interés económico o en otros algo más espurios o difíciles de justificar, en lo que se refiere a las diferentes administraciones y organismos públicos, en donde la transparencia debe alcanzar altas cotas para garantizar la legalidad del proceso y de la posterior adjudicación.

Y ya que hablamos de intrusismo relacionándolo directamente con las contrataciones de las administraciones públicas, creo que también es importante resaltar que esa deplorable acción, también viene favorecida por el incumplimiento de las fechas de pago que constantemente infringen esas administraciones contratantes, que no se hacen responsables de la inestabilidad laboral, social y familiar que ese hecho puede provocar, no ya en el funcionamiento y viabilidad de la empresa de seguridad, sino principalmente en el trabajador.

 No basta conque la administración se comprometa al pago por la prestación de un servicio, también es necesario, ya que la experiencia así lo demuestra, que se establezcan paralelamente en el contrato, fórmulas que infundan la garantía necesaria de que esa empresa va a cobrar en tiempo y forma para que, a su vez, el trabajador pueda eludir la precariedad que le puede ocasionar cualquier retraso en el cobro de la remuneración que se ha merecido por el ejercicio, responsable y profesional, de su trabajo.

Vemos los contratos y podemos leer y releer la abundancia de exigencias dirigidas en su practica totalidad a la prestación de servicios que se exige a la empresa que quiera licitar y sin embargo, observamos con incredulidad y desazón, la ausencia casi total de un mínimo de fórmulas que establezcan garantías de pago. Se dice que lo mas bueno de obtener un servicio de una administración pública, es la fiabilidad que puede proporcionar en cuanto a la estabilidad laboral y sin embargo, podemos observar con demasiada frecuencia, cómo empiezan a proliferar las empresas de seguridad que han quebrado por culpa, principalmente, de los impagos de las propias administraciones. De hecho, hay empresas que “huyen” de presentarse a esos concursos a pesar de la perdida patrimonial que les puede llegar a suponer el hecho de renunciar o de no optar a ese servicio.

Debemos seguir clamando, espero que no en el desierto, para intentar sensibilizar y concienciar a la administración de que debe implantar como misión u obligación prioritaria y preferente, la de contribuir a una mayor regulación legal que incluya mayores exigencias en la contratación (y que cumpla ella la primera para dar ejemplo) así como una mayor fiscalidad y supervisión por Órganos competentes que sirvan realmente para detectar y erradicar situaciones no legales que causan un terrible daño en una faceta (la protección) que claramente afecta a la convivencia en paz y armonía de nuestra sociedad.

Eleuterio GUTIERREZ PEREZ

Presidente de la Asociación Nacional de Directores de Seguridad Siglo XXI