El pasado lunes, 9 de enero, de este recién estrenado año 2023, Yolanda Martínez Cobos y Luna Fernández Grande llegaron al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz procedentes de un campo de prisioneros situado en Al Roj (Siria). Tras apenas pisar territorio español, estas dos mujeres, de 37 y 36 años respectivamente, fueron inmediatamente detenidas por las autoridades, pasando a disposición de los jueces de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en actividades terroristas antes y durante su estancia en el autoproclamado Estado Islámico (EI). Por su parte, los niños menores de edad que les acompañaban a su regreso a España (cuatro pertenecientes a Yolanda y cinco a Luna, además de otros cuatro niños huérfanos a los que estaba última había acogido de otras familias desplazadas), con edades comprendidas entre los tres y quince años, quedaron bajo protección de los servicios sociales. De este modo se cumplía el anuncio de repatriación realizado por el Gobierno el pasado 22 de noviembre de 2022.
El 29 de enero del año 2014, Yolanda Martínez, conversa en su día al Islam y ataviada con un burka, abandonó Madrid acompañada por su marido, Omar El Harchi, marroquí nacionalizado español, y su entonces hijo de cuatro años. Posteriormente nacerían tres más, pero ya en territorio del Califato. Según señalaron en su día agentes encargados de la lucha contra el terrorismo yihadista, Yolanda, tras su conversión al Islam y su matrimonio con El Harchi, tuvo un papel destacado en el grupo de esposas de los miembros que en su momento componían la denominada Brigada Al Andalus, una célula de captación y adoctrinamiento yihadista asentada en Madrid y que fue desarticulada por la policía en el año 2014. Actualmente, El Harchi, uno de los jefes activos de la citada célula, se encuentra recluido en Siria en una cárcel kurda.
Por su parte, Luna Fernández estaba casada con Mohamed Amin El Aabou. Según ha señalado la Audiencia Nacional, El Aabou formaba también parte del «núcleo operativo» de la Brigada Al Andalus. En ella, El Aabou asumía labores de selección, adoctrinamiento, integración de nuevos miembros y financiación. Según ha indicado su esposa, El Aabou murió en Siria combatiendo en las filas de EI.
Tras su regreso a España, los jueces de la Audiencia Nacional tendrán que determinar las eventuales responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido estas dos españolas. De hecho, el Juez instructor, Santiago Pedraz, ha decidido enviarlas a prisión de forma provisional, acogiéndose así a la petición de la Fiscalía, la cual había solicitado al juez que ambas mujeres, investigadas por un delito de integración en organización terrorista, ingresasen en la cárcel, suspendiéndose asimismo la patria potestad sobre los menores a su cargo. Según han señalado reiteradamente expertos en yihadismo, tanto las mujeres españolas desplazadas a Siria para incorporarse a EI como sus hijos han recibido formación militar, habiendo incluso entrenado a las órdenes de los miembros de dicha organización terrorista. Ellas en campo abierto y los niños en las escuelas a las que han estado acudiendo, en las que no sólo recibían adoctrinamiento teórico.
En el caso de Yolanda Martínez, las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad españolas han llegado a la conclusión de que ésta compartía la ideología de su esposo, mostrándose de acuerdo en «no permanecer estática» ante el conflicto sirio y «pasar a la acción». Para ello se basan en una carta de despedida hallada cuando Yolanda partió junto a su marido rumbo a Siria, concretamente a una región controlada por EI entre Siria e Irak. La misiva apareció en 2014 en la casa de uno de los investigados de la Brigada Al Andalus.
Tras la estrepitosa caída del Califato en marzo del año 2019, tanto Yolanda Martínez como Luna Fernández mostraron su deseo de volver a España en varias ocasiones. Ya entonces señalaban lo siguiente: «No se nos puede castigar por haber cuidado de nuestro hogar y nuestros hijos», manifestaron en una de las ocasiones. «Hasta nuestros maridos fueron engañados», señalaron en otra. Una vez llegadas a territorio español, tanto las dos ciudadanas españolas como sus familiares siguen asegurando que viajaron engañadas por sus maridos y que no combatieron ni participaron en acciones terroristas.
Como se ha señalado más arriba, a partir de ahora serán los tribunales españoles los que tengan que decir sobre las eventuales responsabilidades penales en las que tanto Yolanda como Luna pueden haber incurrido desde su conversión al Islam. En este sentido, el juez Pedraz les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista, que, en caso de acreditarse, podría significar la imposición de una pena de prisión de seis a doce años, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 572 del Código Penal (CP). Con todo, no es esta la única tipología delictiva que las dos españolas podrían haber cometido. Así, cabe recordar que el artículo 575 CP en su apartado 3 castiga con una pena de prisión de dos a cinco años a quien se traslada o establece en un territorio extranjero, entre otras cosas para colaborar con una organización o grupo terrorista. Por su parte, el apartado 2 del artículo 577 castiga con una pena de prisión de cinco a diez años a quien lleva a cabo tareas de captación o adoctrinamiento en el contexto terrorista. Más allá de estas tres tipologías delictivas, está por ver si estas ciudadanas españolas, una vez asentadas en territorio sirio, llevaron allí distintos actos de terrorismo susceptibles de ser también castigados.
Para demostrar su implicación en cualquiera de estas conductas delictivas, va a ser fundamental las tareas de investigación llevadas a cabo por las fuerzas policiales, consistentes, entre otras cosas, en rastrear la actividad de estas españolas en Internet, en concreto en redes sociales y foros donde se suele defender la ideología radical islamista. En este sentido, hay casos ya en otros países europeos donde sujetos retornados, pese a haber manifestado su inocencia y haber expresado su experiencia vivida en Siria o Irak en términos de pesadilla, han sido sin embargo posteriormente condenados por delitos graves de terrorismo, una vez que los aparatos de seguridad habían logrado obtener pruebas contundentes a través, por ejemplo, del rastro que esos terroristas habían dejado en Internet.
Pero por encima de la condena a estas presuntas yihadistas, a las autoridades españolas les debería preocupar mucho más el destino y el futuro de esos trece menores que les acompañaban. Niños de corta edad en su mayoría, otros en la pre- o adolescencia –el mayor de ellos tiene 15 años– y que han sido educados, socializados, y muy probablemente adoctrinados en una ideología salvaje que defiende, justifica y reclama la aniquilación de todo aquél que es denominado como enemigo del Islam, según su tergiversada interpretación del credo mahometano.
Miguel Ángel Cano Paños es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada y autor del libro: Generación yihad. La radicalización islamista de los jóvenes musulmanes en Europa.