La mañana del 19 de noviembre de 1984, el cielo sobre San Juan Ixhuatepec -perteneciente al municipio de Tlalnepantla— se iluminó con una serie de explosiones que transformaron el lugar en un infierno visible desde kilómetros a la redonda. La secuencia de estallidos, iniciada poco después de las cinco y media, destruyó buena parte de la planta de almacenamiento de gas licuado de Petróleos de Méxicanos (PEMEX) y arrasó con barrios enteros. En pocas horas, San Juanico, que es como se conocía popularmente a San Juan Ixhuatepec, se convirtió en sinónimo de catástrofe.
El saldo oficial reconoció más de 500 muertos, aunque distintas fuentes -incluidos reportes hospitalarios y testimonios vecinales- estiman que la cifra real pudo duplicar ese número. Miles de personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras graves, y cerca de 20 000 perdieron sus viviendas. A cuatro décadas del siniestro, San Juanico sigue siendo el caso más devastador de accidente industrial en México y uno de los más severos del mundo por la cantidad de víctimas y el impacto urbano.
Durante los años setenta y ochenta, el crecimiento urbano del Valle de México se extendió sin control hacia zonas periféricas donde coexistían viviendas precarias, talleres, fábricas y tuberías de hidrocarburos. San Juan Ixhuatepec, entonces una comunidad obrera, convivía con una de las terminales más grandes de almacenamiento y distribución de gas licuado del país. En los terrenos de PEMEX se levantaban más de cincuenta esferas y cilindros que contenían alrededor de 16 000 metros cúbicos de gas.
La planta, construida en los años setenta, operaba con deficiencias estructurales y sin una delimitación clara de seguridad. Las casas colindaban con las tapias del complejo; algunas estaban a menos de cien metros de los tanques. No existían planes de contingencia, ni rutas de evacuación, ni sistemas automáticos de detección de fugas. El riesgo era evidente, pero había sido normalizado por la costumbre y la falta de regulación efectiva.
A las 5:30 a.m., un operador detectó una fuga en uno de las tuberías que alimentaban los tanques. El gas comenzó a escapar en forma de nube, extendiéndose a ras de suelo hacia las zonas habitadas. Minutos después, una chispa -nunca se determinó con precisión su origen- provocó la ignición. La primera explosión fue seguida por una serie de estallidos en cadena.
Los tanques comenzaron a reventar uno tras otro, lanzando bolas de fuego que alcanzaron alturas superiores a los 300 metros. El calor fue tan intenso que derritió estructuras metálicas. Las ondas expansivas destrozaron techos, muros y ventanas en un radio de dos kilómetros. Los habitantes, muchos todavía dormidos, apenas tuvieron tiempo de huir.
Durante casi una hora, las explosiones se sucedieron con intervalos de segundos. El estruendo llegó hasta el sur de la capital y provocó alarma en toda el área metropolitana. Los primeros cuerpos de rescate que llegaron a la zona tuvieron que trabajar entre llamas incontrolables y depósitos que seguían explotando. A las 10:00 a.m., las esferas principales se habían consumido, pero el fuego continuó hasta la tarde del día siguiente.
La magnitud del desastre rebasó por completo las capacidades de emergencia disponibles. Bomberos, soldados y paramédicos actuaron sin equipo adecuado para incidentes con sustancias inflamables. Las ambulancias escaseaban, los hospitales cercanos colapsaron y el traslado de los heridos se improvisó con camiones de carga y vehículos particulares.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) aún no existía. Tampoco había un sistema nacional de protección civil con protocolos integrales. La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales fue mínima. Los informes posteriores evidenciaron que muchas muertes se produjeron no por las explosiones iniciales, sino por la imposibilidad de atención médica oportuna.
Las imágenes que circularon en los días siguientes mostraban calles desoladas, viviendas carbonizadas, estructuras colapsadas, cuerpos cubiertos con mantas improvisadas. Los periodistas describieron un paisaje que recordaba una zona de guerra. Carlos Monsiváis, en su crónica para Cuadernos Políticos, escribió que San Juanico revelaba “la fragilidad de la modernidad industrial y el precio de la negligencia compartida”.
PEMEX argumentó que la fuga se debió a una falla en una válvula de interconexión y que la rápida expansión del gas impidió cualquier contención. Sin embargo, las investigaciones técnicas señalaron deficiencias graves en el diseño y mantenimiento del sistema. Los estudios concluyeron que no existían válvulas de seguridad adecuadas, que los instrumentos de control estaban obsoletos y que el personal carecía de entrenamiento en manejo de emergencias mayores. También se demostró que el almacenamiento de gas superaba los límites autorizados. Ninguno de los directivos de la empresa se enfrentó sanciones penales. El gobierno federal, encabezado entonces por Miguel de la Madrid, decretó la reubicación parcial de la población afectada y la creación de un programa de apoyo económico. Sin embargo, muchas familias regresaron al mismo lugar en los años posteriores. La terminal de PEMEX fue reconstruida y siguió operando, aunque con medidas de seguridad reforzadas.
De las ruinas de San Juanico surgió la conciencia moderna del riesgo industrial en México. Se comenzó a dar impulso a la elaboración de normativas sobre zonas de amortiguamiento, planes de emergencia y gestión de riesgos en instalaciones energéticas. Sin embargo, el aprendizaje fue parcial. Estudios del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de organismos internacionales coinciden en que la planificación urbana siguió permitiendo la coexistencia de áreas habitacionales con polígonos industriales. El caso de San Juanico, citado con frecuencia en foros internacionales, se convirtió en ejemplo de cómo la expansión urbana desordenada puede convertir cualquier instalación en una amenaza potencial.
A cuarenta años de distancia, San Juan Ixhuatepec conserva cicatrices visibles. En el terreno donde ocurrieron las explosiones se levantan nuevas viviendas, talleres y comercios. La comunidad ha sobrevivido entre la memoria del desastre y la necesidad económica. Cada noviembre, las familias organizan actos conmemorativos; las fotografías de los desaparecidos aún se exhiben en las calles. Los supervivientes relatan que, durante días, el olor a gas y a cuerpos quemados impregnó el aire. Las historias de quienes buscaron a sus familiares entre los restos siguen transmitiéndose a las nuevas generaciones. Para muchos, el recuerdo no se limita al dolor, sino también a la sensación de abandono institucional.
En 2019 y 2024, medios nacionales retomaron el caso al cumplirse 35 y 40 años del suceso. Todos coincidieron en un punto: San Juanico fue una advertencia que no terminó de asumirse. El temor a nuevas explosiones persiste, alimentado por la proximidad de otras instalaciones de gas y por la falta de mantenimiento visible en algunos gasoductos.
El desastre de San Juanico modificó la relación de la sociedad mexicana con el riesgo tecnológico. Puso en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades ante accidentes industriales y la insuficiencia de la supervisión estatal. En términos históricos, representó el punto de inflexión entre una confianza ciega en el progreso energético y la comprensión de sus peligros.
Hoy, el nombre de San Juanico se pronuncia con una mezcla de respeto y advertencia. Aquella serie de explosiones no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de un sistema que priorizó la producción sobre la seguridad. Recordarlo no implica solo rendir homenaje a las víctimas, sino mantener viva la conciencia de que ningún desarrollo industrial puede sostenerse sobre la negligencia.
El 19 de noviembre de 1984 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de los desastres tecnológicos en México. San Juanico dejó de ser un lugar en el mapa para convertirse en una lección permanente: cuando el riesgo se ignora, el precio lo paga toda una comunidad.
