Una vez que el problema de las actividades criminales vinculadas a los clanes familiares de origen árabe ha llegado a situarse dentro de las preocupaciones principales de la sociedad alemana por motivos sobre todo de seguridad, los aparatos policiales y judiciales han visto cómo, en no pocos casos, la persecución, enjuiciamiento y, eventualmente, condena de miembros de este colectivo se ve obstaculizada por una serie de factores. Algunos de ellos guardan relación directa con las características ambientales, sociales y culturales inherentes a los propios clanes; en otros casos es el propio ordenamiento jurídico alemán el que impone barreras y obstáculos para una lucha eficaz contra este fenómeno. Al análisis de dichos factores se dedican los párrafos siguientes.
Así, en primer lugar, la dificultad para introducir agentes infiltrados en los clanes familiares árabes se debe fundamentalmente a la solidaridad familiar y a su aislamiento con respecto al exterior. Lo mismo cabe decir en lo relativo a la posibilidad de acudir a la figura de los confidentes. Como ya se señaló anteriormente, la pertenencia a un determinado clan se produce únicamente como consecuencia del nacimiento o a través del instituto del matrimonio, es decir, en ambos casos por una relación netamente familiar.
Otro problema adicional al que se ven expuestos los agentes policiales a la hora de hacer frente a la criminalidad de clanes es la inmanejabilidad de la situación. Así, la intervención policial en forma de controles en aquellas zonas habitadas y controladas por los clanes familiares es objeto de observación minuciosa por parte de sus miembros. En el caso de que una patrulla obligue a uno o varios sujetos a identificarse, en cuestión de segundos aparecen decenas de miembros del clan familiar para impedir dicha identificación, degenerando todo ello en un tumulto.
Por otro lado, los clanes familiares árabes se esfuerzan por dirimir y solucionar de forma interna aquellos conflictos que pueden aparecer, como divorcios, lesiones del honor o bien conductas delictivas. Teniendo en cuenta que su objetivo primordial es evitar cualquier intromisión del Estado en sus asuntos, las denuncias en casos de conflictos entre clanes suelen ser la excepción. En consecuencia, los conflictos familiares y la propia actividad delictiva en el seno de los clanes se consideran como problemas internos que deben ser dirimidos dentro de las propias familias mediante los denominados «jueces conciliadores» (Friedensrichter). Este arbitraje se lleva a cabo no sólo en asuntos familiares, sino además en todos los ámbitos de la criminalidad, como las estafas, la violencia doméstica, los delitos vinculados a las «lesiones del honor» o bien incluso la delincuencia organizada. De este modo, actualmente puede afirmarse sin ambages la existencia en Alemania de una justicia paralela en el seno de los clanes familiares de origen árabe, la cual se desarrolla extramuros del ordenamiento jurídico alemán.
Los jueces de paz que dirimen esos conflictos son a menudo imanes de las mezquitas locales, o bien sujetos que se dedican profesionalmente a ejercer de mediadores dentro de estas comunidades islámicas. En caso de disputas entre dos familias rivales, el juez mediador invita a las partes enfrentadas a una mesa de diálogo, donde tiene lugar un acuerdo entre el autor y la familia de la víctima. Si víctimas y testigos muestran sus reticencias a acogerse a este arbitraje informal, entonces son amenazados intensamente y obligados a no acudir a las autoridades estatales. El acuerdo alcanzado entre las partes, con mediación del «juez conciliador», contiene también el denominado «precio de la sangre» (Blutgeld), el cual funciona como una especie de reparación del daño, la mayoría de las veces consistente en el pago de una cantidad de dinero. Una vez alcanzado dicho acuerdo, los abogados de las partes enfrentadas retiran la denuncia presentada en su momento a la policía. En el caso de que el procedimiento penal haya superado ya la fase del sumario, las declaraciones de las partes y los testigos son relativizadas durante la vista oral. De vez en cuando se llega incluso a informar al Juez o Tribunal sobre las distintas modalidades de un «acuerdo» alcanzado internamente, lo cual acarrea la exigencia de sobreseer el procedimiento penal en curso. Todo esto explica el alto índice de absoluciones a miembros de los clanes familiares, debido sobre todo a la falta de pruebas para dictar una sentencia condenatoria.
Tal y como se apuntó anteriormente, las dificultades en la persecución policial y judicial de la criminalidad de clanes no solo hay que buscarla en las propias características ambientales, sociales o culturales de este colectivo, sino también en el propio ordenamiento jurídico alemán. Efectivamente, en no pocas ocasiones es la propia justicia alemana la que indirectamente fomenta el poder de los clanes para sustraerse a cualquier reproche penal por su actividad.
Debido a sus considerables recursos económicos, los clanes familiares están en disposición de contratar los servicios de abogados de prestigio. Pues bien, un problema de considerable gravedad es la posibilidad que tienen los abogados de los clanes de tener acceso tanto al atestado policial como al expediente de instrucción. Ello conduce lógicamente a eliminar el anonimato de los testigos, lo que permite a los miembros del clan localizar y amenazar a esos testigos para que no declaren en contra del/los acusado/s. Podría decirse por tanto que algunos abogados defensores sobrepasan con creces los límites legalmente establecidos, colocándose al servicio de estos clanes criminales.
Por último, la capacidad de actuación tanto de la policía como de los órganos de justicia penal se encuentra muy limitada en el contexto de la criminalidad asociada a los clanes familiares de origen árabe. Así, todos los implicados, directa (víctima/s) o indirectamente (testigo/s) en un delito son intimidados masivamente. Por ello, las declaraciones de testigos son prácticamente inexistentes en el contexto de los clanes familiares. Cuando por ejemplo un sujeto perteneciente a un clan rival es apuñalado o es víctima de cualquier otro delito, los agentes de policía disponen sólo de unas pocas horas para recabar las declaraciones de los testigos y confeccionar el correspondiente atestado policial. Ello se debe a que, en un corto lapso temporal desde que tienen lugar los hechos, aparecen en el lugar las familias con el objetivo de manipular a víctimas y testigos, amenazándoles o bien ofreciéndoles una cantidad de dinero por su silencio. En aquellos casos en los que, pese a la violencia y amenazas proferidas contra víctimas y testigos, el proceso sigue su curso, los clanes no se retraen en amenazar incluso en sede judicial. Así, durante las sesiones del juicio oral no resulta extraño observar cómo los clanes intentan ejercer su influencia intimidatoria frente a víctimas, otros acusados o bien testigos. Al mismo tiempo, miembros del clan familiar participan como público en las sesiones del juicio, teniendo un comportamiento inapropiado, alterando el orden en las sesiones del juicio oral y amenazando incluso a abogados, jueces y fiscales.
Por todo lo explicado, la lucha contra la criminalidad de clanes en Alemania constituye una tarea que incumbe a la sociedad en su conjunto, y no sólo a la policía y a los órganos de justicia penal. Por consiguiente, el fenómeno en cuestión ha de abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, donde ciencia, política y derecho vayan de la mano. Ligado ello, la repuesta a la delincuencia cometida por clanes familiares no debe tener únicamente una naturaleza represiva, sino que también es necesario implantar medidas de carácter preventivo.
Para hacer frente a la criminalidad de clanes, desde hace más de un año los gobiernos regionales tanto de Berlín como de Renania del Norte-Westfalia han adoptado una estrategia bautizada con el nombre de «pequeños pinchazos» (kleine Nadelstiche). La misma consiste básicamente en llevar a cabo continuos controles a los miembros de los clanes familiares por parte de las instituciones estatales (no solo policiales). En este sentido se considera que incluso las infracciones más leves de naturaleza civil, administrativa o laboral deben ser objeto de sanción, ya que dicha táctica trae consigo la visibilización de las estructuras criminales, desmoralizando a su vez a sus miembros. Así, cada vez que se presenta la oportunidad, distintos organismos estatales (policía, servicio aduanero, inspección laboral, de obras o sanitaria) controlan los vehículos de los miembros de los clanes, imponen multas por cualquier infracción contra la seguridad vial, por pequeña que esta sea, revisan sus locales de ocio y restauración para determinar si cumplen con los requisitos sanitarios o laborales pertinentes, o realizan controles de identidad durante bodas o reuniones. Al mismo tiempo, se persigue de forma implacable cualquier infracción de carácter penal. Cada intervención conduce a una mejora en la cooperación de los organismos entre sí, lo que es tremendamente importante en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Por último, tanto a la sociedad en general como a las estructuras criminales en particular se les envía un mensaje, a saber, que el Estado tiene un importante y efectivo poder de actuación y que es capaz de imponer la legalidad frente a cualquier infracción, por pequeña que esta sea, lo que a la larga evita la consolidación de espacios libres de sujeción al Derecho.
Por otro lado, y desde comienzos del año 2018, existe en la Oficina de Investigación Criminal de Berlín el proyecto piloto denominado «videograbación móvil de la toma de declaración» (Mobile Videovernehmung). La razón de fondo que dio lugar a impulsar este proyecto es la siguiente: Los perjudicados por el delito, debido a la impresión que los acontecimientos les han producido, pueden proporcionar en un primer momento datos valiosos sobre el/los autor/es, así como sobre los motivos del hecho delictivo. Es por ello que resulta necesario grabar en video esta primera declaración, ya que, según señala la experiencia, es harto probable que, en el transcurso de la investigación policial, víctimas y testigos sean objeto de amenazas y coacciones por parte de miembros de un clan familiar. Por otro lado, la videograbación móvil de la primera declaración permite contrarrestar el reproche que a veces se formula por víctimas y testigos, según el cual la policía habría obligado al perjudicado o testigo a emitir una declaración incriminatoria.
Continuando con las medidas que deben conducir a erradicar la criminalidad de clanes familiares, de urgente necesidad es la abolición de una justicia paralela personificada en los anteriormente analizados «jueces conciliadores». Constituye un gran déficit del Estado de Derecho alemán el que esos jueces de paz estén actualmente en disposición de manipular las pruebas en un procedimiento penal a través de la influencia que pueden llegar a ejercer sobre testigos, dando lugar a que ese procedimiento penal no pueda llegar a buen término, con las consabidas absoluciones por falta de pruebas.
La estrategia criminal de los clanes árabes tiene como objetivo conseguir los mayores activos patrimoniales posibles procedentes del crimen, y ello a través de una aparente integración en estructuras sociales y económicas legales. A partir de estos argumentos, el desmantelamiento de los clanes familiares de origen árabe únicamente es posible si se consigue eliminar la razón principal de su existencia: el ánimo de lucro. En este punto adquiere trascendental relevancia un mecanismo de carácter penal y procesal dirigido a atacar el patrimonio resultante de actividades delictivas: el decomiso; en el lenguaje jurídico-penal alemán conocido como «recuperación de activos» (Vermögensabschöpfung).
Pues bien, con respecto a este concreto instituto, el pasado 1 de julio del año 2017 entró en vigor en Alemania la «Ley de reforma de la Recuperación de Activos en el Ámbito Penal» (Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung), Ley que fue aprobada el 13 de abril del mismo año. Gracias a este instrumento legislativo es ahora posible que en el marco de la persecución de una serie de delitos vinculados a la criminalidad organizada se pueda decomisar el patrimonio de origen sospechoso, y ello con independencia de la prueba de la existencia de un concreto hecho antijurídico. Una de las principales novedades de la ley es la introducción tácita del mecanismo de la inversión de la carga de la prueba en el sentido siguiente: la carga de la prueba con respecto al origen ilícito del dinero y demás elementos del patrimonio ya no se residencia en los órganos encargados de la persecución penal, sino más bien en el sujeto sobre el que se ciernen las sospechas, el cual debe demostrar el origen lícito de su patrimonio. Efectivamente, según se dispone en el parágrafo § 76a apartado 4 del Código Penal alemán, el decomiso puede llevarse a efecto sin necesidad de una sentencia condenatoria, siempre y cuando el órgano juzgador esté convencido de que los bienes objeto de decomiso tienen una procedencia ilícita. Por otro lado, la ley tiene un afán de abarcar muchos aspectos relacionados con la temática que trata, ya que, sin ir más lejos, el decomiso no solo afecta al patrimonio que ha sido localizado en el caso concreto, sino también su eventual cambio de titularidad a nombre de una tercera persona, su enajenación, donación, transmisión en herencia o conversión (decomiso de bienes de terceros). Este último supuesto se refiere sobre todo al blanqueo de capitales mediante inversiones en negocios legales como bienes inmobiliarios o locales dedicados a la gastronomía.
Como se señaló supra, una aproximación exclusivamente de carácter penal y, ligado a ello, una estrategia de tolerancia cero frente a todas y cada una de las actividades de los clanes, no resulta desde luego suficiente. Por ello resulta necesario, siquiera brevemente, hacer referencia a toda una serie de medidas de carácter preventivo las cuales se consideran también necesarias para luchar contra la criminalidad desplegada por los clanes familiares árabes residentes en Alemania.
La dejadez de funciones por parte de la administración alemana en aspectos tales como la integración laboral, educativa y social de este colectivo, ha conducido en parte a la existencia y consolidación de una «cultura criminal», la cual sería transmitida a los descendientes de los clanes familiares como modelo a seguir. Por ello, la integración de este colectivo, la cual fracasó hace 30 años debido en parte a la inactividad del Estado alemán, debe ser abordada de nuevo y con nuevos mecanismos en relación sobre todo a las jóvenes generaciones pertenecientes a estos clanes familiares. Por consiguiente, resulta necesaria una actuación rápida y efectiva en el ámbito de la prevención, para con ello contrarrestar la integración de estos menores y jóvenes en las estructuras criminales de sus familias. En este sentido debe tenerse en cuenta que muchos de estos menores y jóvenes han crecido en entornos sociales y familiares alejados de cualquier tipo de formación. En unas estructuras donde ni siquiera ha existido un proceso de socialización en torno a las normas y valores existentes en el país de residencia. Y todo ello en una sociedad paralela donde sólo existe una única ley: lo que está permitido y lo que está prohibido lo decide la familia. Quien ha vivido en este contexto desde su más tierna infancia, nunca se atreverá a seguir los consejos del trabajador social o del educador, sino más bien los que recibe del primo poderoso con coche, dinero y mujeres.
Sin embargo, es necesario señalar también que las estructuras paralelas establecidas y consolidadas en el contexto donde habitan estos clanes familiares siguen impidiendo a largo plazo la integración en la sociedad alemana de la mayoría de los miembros del clan; y ello a pesar de haber nacido y crecido en Alemania. Ello hace que todos los miembros sean obligados a mostrar lealtad a la familia, encontrándose en cierto modo atrapados en y por el clan.
Por último, y a modo de conclusión final, el análisis de la criminalidad asociada a los clanes familiares árabes en Alemania, tanto desde el punto de vista de la fenomenología como en lo relativo a las medidas adoptadas o a adoptar para combatir el fenómeno, resulta importante si se analiza la situación actual del crimen organizado en España, sobre todo en el ámbito del tráfico de drogas. Efectivamente, tal y como señalan distintos informes policiales, en determinadas zonas del país existen grupos y organizaciones que monopolizan la producción, tráfico y suministro de drogas ilegales, y que presentan bastantes de las características que han sido analizadas en el presente trabajo. Así, se trata de estructuras opacas unidas en algunos casos por lazos familiares, étnicos o nacionales, que junto a delitos contra la salud pública cometen también otros delitos violentos en el contexto de su actividad. Se trata, además, de sujetos que gozan en algunos casos de amplios márgenes de impunidad, al utilizar los mecanismos del chantaje y la extorsión contra víctimas y testigos, lo que –unido a la posibilidad de contratar a abogados defensores de prestigio– les permite salir indemnes de un eventual proceso penal. Por último, el blanqueo de capitales constituye una herramienta con la que trasladar al circuito económico legal los beneficios procedentes del narcotráfico. En este sentido, las fuerzas de seguridad han podido constatar cómo pese a la inexistencia de ingresos económicos debidamente justificados por parte de los miembros de los clanes familiares que actúan en España, estos disponen de un patrimonio importante. Por todo ello, las medidas policiales, penales y procesales adoptadas en Alemania, junto a aquellas otras de carácter eminentemente preventivo, pueden servir de modelo para con ello actuar en España de forma más efectiva contra este fenómeno.
Miguel Ángel Cano Paños
Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología
Universidad de Granada
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