Durante décadas -quizá siglos- la política se sostuvo sobre una arquitectura relativamente clara: derechos a cambio de deberes, autoridad a cambio de legitimidad, obediencia a cambio de protección. El viejo contrato social, con todas sus imperfecciones, ofrecía un marco reconocible. Sin embargo, algo ha ido desplazándose con el tiempo. La seguridad, entendida no como función del Estado sino como promesa total, ha ido ocupando el centro del discurso político hasta convertirse, en muchos casos, en su coartada principal.
No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno que se ha acelerado. La seguridad ya no aparece como consecuencia del orden jurídico, sino como su justificación previa. Primero el orden, luego el derecho. El desplazamiento es sutil, pero profundo.
En su formulación clásica, el Estado se legitima porque protege. En Thomas Hobbes, la seguridad frente a la violencia es el argumento fundacional: sin Leviatán, la vida es breve, insegura y brutal. Pero incluso ahí existe un pacto, una cesión racional a cambio de algo concreto. El problema surge cuando la seguridad deja de ser un fin delimitado y se convierte en un estado permanente de alerta, una expectativa sin contornos, imposible de satisfacer del todo.
La política contemporánea ha aprendido que pocas palabras movilizan tanto como “seguridad”. Seguridad frente al terrorismo, frente al crimen, frente a la pandemia, frente a la desinformación, frente al colapso energético, frente al otro -siempre frente a algo-. El resultado es una expansión constante del campo de lo securizado. Cada nuevo riesgo exige medidas excepcionales; cada excepción tiende a normalizarse; cada normalización quita un poco más de terreno al contrato.
Aquí aparece un problema serio: la seguridad como promesa no admite evaluación clara. A diferencia de una ley, de una política pública concreta o de un derecho garantizado, la seguridad total no puede medirse. Nunca es suficiente. Siempre puede alegarse una amenaza adicional, un riesgo residual, un escenario peor. El discurso político lo sabe y lo utiliza. Gobernar deja de consistir en cumplir un programa para convertirse en gestionar miedos.
Este desplazamiento tiene consecuencias jurídicas. Cuando la seguridad se antepone al contrato, el derecho pasa de ser límite a convertirse en instrumento. Las garantías dejan de ser principios estructurales y pasan a ser obstáculos circunstanciales, tolerables mientras no interfieran con el objetivo superior. Y aquí, el lenguaje delata: se habla de “flexibilizar”, de “adaptar”, de “actualizar” derechos en nombre de la eficacia. Rara vez se reconoce que lo que se está haciendo es reducirlos.
No es casual que este proceso vaya acompañado de una creciente apelación a la excepcionalidad. El estado de excepción, que debería ser una anomalía estrictamente acotada, se filtra en la normalidad. Aquí suena de fondo la música de Carl Schmitt, para quien soberano es quien decide sobre la excepción. Cuando la política se define por la gestión permanente de crisis, la excepción deja de ser una decisión puntual y se convierte en método de gobierno.
La paradoja es evidente: cuanto más se promete seguridad, más se transmite la idea de que el entorno es inseguro. Los ciudadanos dejemos de ser sujetos de derechos para transformarnos en objeto de protección. Y todo objeto protegido es, al mismo tiempo, vigilado. La seguridad como promesa política tiende a infantilizar: el Estado sabe, el ciudadano obedece. El contrato se diluye porque ya no hay dos partes en pie de igualdad, sino una autoridad tutelar y una ciudadanía gestionada.
Este fenómeno se manifiesta con especial claridad en el ámbito tecnológico. Sistemas de vigilancia, recopilación masiva de datos, perfiles de riesgo, algoritmos de decisión: todo se presenta como neutral, técnico, inevitable. Pero bajo esa capa de racionalidad se esconde la progresiva renuncia a la deliberación política. No se discute si algo debe hacerse, sino si es eficaz. La pregunta moral se sustituye por la pregunta operativa.
Hay también una dimensión histórica que conviene no olvidar. Cada época ha tenido sus miedos dominantes y sus dispositivos de control asociados. Lo novedoso no es el miedo, sino su centralidad absoluta en el discurso público. La política deja de proponer futuros y se limita a evitar catástrofes. Gobernar ya no es orientar, sino contener.
En este contexto, el contrato social no desaparece de golpe; se vacía. Permanece como retórica, como referencia simbólica, mientras en la práctica se sustituye por una relación asimétrica basada en la promesa de protección. El ciudadano acepta restricciones no porque las considere justas, sino porque teme las alternativas. Es un consentimiento condicionado.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿qué tipo de sociedad se construye cuando la seguridad es el valor supremo? Una sociedad que tolera la opacidad, que normaliza la vigilancia, que acepta la excepción como rutina. Y, sobre todo, una sociedad que confunde orden con justicia. El orden puede imponerse; la justicia necesita ser reconocida.
Recuperar el contrato social no significa negar la importancia de la seguridad. Significa devolverla a su lugar. La seguridad como función, no como dogma. Como resultado de un marco jurídico legítimo, no como excusa para vaciarlo. Mientras la política siga ofreciendo seguridad en lugar de derechos, orden en lugar de pacto, el riesgo no será solo externo; será, sobre todo, interno: la lenta erosión de aquello que hacía al poder digno de obediencia.
En última instancia, una comunidad política no se define por cuánto controla, sino por cuánto confía. Y la confianza, a diferencia del miedo, no se decreta. Se construye.